Multa de 2,1 millones de euros a HSBC España por el «caso Gescartera»

17/06/2013

diarioabierto.es. La sanción fue impuesta en 2002 como consecuencia de las 138 cuentas opacas descubiertas en el "caso Gescartera" y había sido recurrida por HSBC España. El Tribunal Supremo ha confirmado la multa.

La sucursal en España del banco británico HSBC ha sido multada con 2,1 millones de euros por cometer infracciones muy graves de la Ley de prevención de blanqueo de capitales, según consta en una resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La sanción fue anunciada en noviembre de 2002 por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía de entonces, Rodrigo Rato, como consecuencia de las 138 cuentas opacas descubiertas a raíz del ‘caso Gescartera’.

Posteriormente el banco interpuso recurso de casación contra la resolución dictada por el entonces ministro de Economía, si bien el Tribunal Supremo, con fecha 12 de marzo de este año, desestimó dicho recurso, confirmando de este modo las sanciones impuestas en su día a la oficina española de la entidad británica.

Los 2,1 millones de euros de sanción impuestos a HSBC España son consecuencia de tres infracciones de la normativa contra el blanqueo de capitales. En concreto, la entidad tendrá que pagar una multa de 925.000 euros por incumplir la obligación de identificación de clientes recogida en dicha Ley.

Asimismo, la sucursal española de HSBC tendrá que abonar una sanción de 300.000 euros por incumplir las obligaciones de examinar «con especial atención» cualquier operación, con independencia de su cuantía, que pudiera estar vinculada con el blanqueo de capitales; por no haber comunicado de ‘motu propio’ al Servicio Ejecutivo dichas operaciones sospechosas, y por no haberse abstenido de ejecutarlas.

Por último, se impone a HSBC España una sanción de 875.000 euros por incumplir la obligación de establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

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