El Pleno del Congreso se ocupó este 19 de junio, Protasio en el santoral, del “primun vívere”. Rosa Díez reprochó a Mariano Rajoy la aparición del hambre infantil, con un 17% de familias españolas bajo el umbral de la pobreza. Y el presidente del Gobierno le contestó que lo mejor para evitar el hambre de los niños es que haya empleo y recursos y, por lo menos, “hemos mantenido las pensiones y las prestaciones al desempleo”. Díez calificó de “obsceno e inaceptable” que miles de niños lleguen a las escuelas sin haber cenado la noche anterior ni desayunado, por lo cual, la Junta de Andalucía está suministrando 11.000 desayunos y meriendas a los escolares mientras el Gobierno central suprime el 20% de las becas para comedor. Rajoy le replicó que ya están elaborando un plan contra la pobreza infantil.

Le pidió el de IU, Cayo Lara, que derogue el artículo 135 de la Constitución, “que se llama hambre” porque antepone el pago de la deuda al gasto social y audite la deuda para saber qué parte de esa piedra de Sísifo que cargamos sobre nuestras costillas con un coste de 100 millones de euros diarios sólo en intereses hemos de considerar “ilegítima” y, por tanto, ya redimida. Y le respondió Rajoy que no lo hará porque de la reforma que pactó con Zapatero se ha derivado el plan de estabilidad y se derivará el pacto fiscal en la UE y porque si no pagásemos los intereses no tendríamos financiación y eso supondría más desempleo y más pobreza. Al “no se puede” de Rajoy contrapuso Cayo el grito de la calle: “Sí se puede”.

Amplió el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba el “primun vívere” a la ciencia y la investigación y, haciéndose eco de las peticiones de científicos e investigadores, rogó a Rajoy que “para arreglar el presente no se cargue el futuro”. En términos porcentuales, España tendría que destinar el 3% del PIB a I+D+I, estimó el del PSOE. Ese porcentaje coincide, curiosamente, con los intereses de la deuda. Respondió el presidente asegurando que “habrá un crédito extraordinario para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (CSIC) y que la ley de emprendedores será la panacea.

Acentuó la crítica a la “expulsión de investigadores, que no fuga de cerebros”, la portavoz socialista Soraya Rodríguez con la cifra de 30.000 jóvenes que no han podido acceder a la Universidad este año y auguró un aumento hasta 80.000 el próximo curso por falta de recursos económicos. Denunció la intención del Gobierno de laminar las becas como derecho para convertirlas en concesión graciable. Por eso el Consejo Escolar del Estado rechazó el martes la reforma del reglamento de becas que propuso el ministro Wert. “Ustedes pueden pagar (la enseñanza), pero hay cientos de miles de familias que no pueden”, añadió Soraya, envolviendo con un gesto de su brazo izquierdo los escaños de la derecha y provocando la protesta de muchas señorías, que era lo que quería la parlamentaria para soltar: “Ustedes se han repartido 22 millones de euros, 3.660 millones de pesetas, entre 40 dirigentes. ¿Les consta?”

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría eludió la escabrosa cuestión y se limitó a contestar que el reglamento de becas no se ha aprobado todavía, a preguntar por qué molesta tanto a los socialistas los criterios de mérito y capacidad, y a razonar la necesidad de introducir reformas porque siendo el país que más invierte en educación somos el que peor resultado obtiene. Abundaron en la materia los socialistas Cesar Luena y Germán Rodríguez y les contestó el ministro José Ignacio Wert que el rendimiento académico ha mejorado este año, por lo que la disminución de las becas sólo ha sido del 3%. Argumentó Rodríguez que con la subida de las tasas universitarias, que en Cataluña ha sido del 67%, y con el aumento de la nota de corte para acceder a una beca, miles de estudiantes sin posibles, que ya este año no han podido pagar la matrícula quedarán discriminados, fuera de la Universidad. Y respondió Wert que la exigencia de una  nota media de 6,5 no es mucho pedir.

Se pasó así del “primun vívere” al “de in de philosophare” del adagio clásico y enfrentó el ministro de Hacienda y Administraciones, Cristobal Montoro, una interpelación del socialista Gaspar Zarrías contra la ley de reforma local que suprimirá 3.000 ayuntamientos de localidades con poca población para ahorrar 8.000 millones de euros en el plazo de dos años, aunque ni son los más endeudados ni siquiera tengan deudas y aunque el “estudio científico” del Instituto de Administración Local estime un ahorro muy inferior: 3.000 millones en tres años. Aclaró Montoro que la ley local “es sólo una parte” del compromiso ante Bruselas. El resto vendrá del plan de racionalización de la Administración del Estado que entre otras operaciones contempla la venta de 15.000 edificios, el tajo a la burocracia, al boato, a los coches oficiales y otras medidas. Y usted que lo vea.