Las ayudas públicas de capital que han recibido las entidades con problemas (BFA/Bankia, CatalunyaBanc, NCG Banco, BMN, Liberbank, Caja España Duero, Banco Caja 3, Unnim, Banca Cívica, Banco de Valencia, CAM, Banco Gallego, CCM y CajaSur) han ascendido a 75.352 millones de euros, según cálculos presentados por el presidente de la patronal de los bancos AEB, Miguel Martín, en el curso de la Apie en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. De esta cantidad hay que restar los 977 millones de ayudas públicas devueltos por CaixaBank tras absorber Banca Cívica.

De esos 74.375 millones de ayudas públicas directas, prácticamente 35.000 millones son pérdidas ya realizadas (BFA/Bankia, CatalunyaBanc, NCG Banco, Caja España Duero, Banco de Valencia, CAM, Banco Gallego, CCM y Cajasur), ya que suma los 2.250 millones aportados (y perdidos) por el Fondo de Garantía de Depósitos al Frob. Lo que para Martín significa dos cosas. Una, que las entidades inviables ya estaban identificadas en 2009. Y dos, que “el paso del tiempo no arregla el problema”.

El presidente de la AEB se queja de que el 50% de las pérdidas derivadas del saneamiento del sistema (fundamentalmente, cajas de ahorros y bancos filiales de éstas) las están soportando los bancos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos. Más otros 10.043 millones que aportan los bancos y que son la suma de las pérdidas materializadas en el Fondo (7.548 millones), la liquidez para las preferentes de las cajas (963 millones) y los fondos propios de la Sareb (1.532 millones). “Es increíble que eso no se reconozca”, se lamenta Miguel Martín, que fue subgobernador del Banco de España.

Martín recuerda que con las emisiones de bancos avaladas por el Estado (108.329 millones), éste ha obtenido un beneficio de 2.295 millones; con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (19.314 millones), 650 millones, lo que supone una rentabilidad del 3,45%. Y argumenta que “las ayudas públicas no son malas en sí, son buenas si terminan bien, si cumplen su objetivo, y negativas cuando distorsionan el mercado, no son transparentes o permiten que entidades inviables sigan operando”.

Pero el coste de la crisis financiera es mayor. Además de los saneamientos extraordinarios que ha tenido que hacer desde el inicio de la crisis, han perdido 60.000 millones de valor en Bolsa; el 5% del empleo (24% en cajas y 3% en cooperativas de crédito).

Martín elude la cuestión sobre si el sistema financiero va a necesitar más ayudas: “La pregunta no es si una entidad necesita más ayudas, sino qué se hace con ella si es inviable”. Y, frente a las recomendaciones del FMI de reducir la remuneración a los accionistas, replica que “los bancos españoles siempre han sido, son y serán muy prudentes con el dividendo”.

Cláusulas suelo; beneficio para el cliente

Aunque reconoce que dentro del sector “hay una enorme discusión” tras la sentencia del Tribunal Supremo que considera inadecuada la comercialización de las cláusulas suelo por parte de algunas entidades (BBVA, Cajamar y NCG Banco ya han anunciado que las suprimen, y Santander precisa que no las tiene), Martín las defiende porque son un “mecanismo para evitar la variabilidad de los tipos de interés, beneficioso para los clientes, para las entidades y para la estabilidad financiera”.

El presidente de la AEB recuerda que el Banco de España las apoyó en 2010, y subraya que “cada caso es distinto”. Rechaza que se pueda considerar la cláusula suelo como un producto “tóxico o fraudulento”, Y que haya que generalizar su supresión, como reclamaba en este curso el martes el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Reconoce que “cada banco actúa como le conviene” en las cláusulas suelo. Pero también afirma Miguel Martín que “la banca debe recuperar la reputación que tenía de actuar en beneficio del cliente”.