Tras unos pocos meses de relativa calma, las presiones sobre el presidente de Repsol, Antonio Brufau, por parte de algunas accionistas e, indirectamente, del Gobierno de Buenos Aires vuelven a intentar enredar las relaciones en el seno de la compañía. El primer objetivo de esta estrategia es que Brufau acepte una nueva versión de la propuesta de acuerdo que la presidenta argentina, Cristina Fernández, presentó al presidente de La Caixa, Isidro Fainé el pasado febrero. El pacto consistía entonces en el abandono por parte de Repsol de la vía judicial y la entrada de la empresa española en el yacimiento de Vaca Muerta.

La propuesta fue desestimada por Antonio Brufau, ya que suponía unas sustantivas pérdidas respecto a los más de 10.000 millones de dólares que reclama por la expropiación del 51% del capital de YPF en el CIADI, del Banco Mundial. Además, logró el apoyo a su rechazo de la comisión delegada de Repsol.

Ahora los movimientos se repiten, y en el panorama asoma otra vez Pemex que, con cerca del 10% de la petrolera española, lleva semanas cuestionando esta participación, aunque sea para volver a su histórico 5%. Estas manifestaciones tienen lugar además en un entorno marcado por los fuertes cambios que el Gobierno de Emilio Peña Nieto prepara para el grupo estatal. Y también por el intento de YPF de atraer al poderoso Pemex para que realice inversiones en el yacimiento de Vaca Muerta. Si bien las estrategias del  Ejecutivo de México se deban a otras razones, son utilizadas también para presionar a Brufau y  especialmente desde la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, para indicar que él es un obstáculo para un acuerdo.

Detrás, según algunos analistas, podría estar asimismo el intento de que la acción de Repsol suba en Bolsa para realizar una desinversión total o parcial, aunque ya haya recuperado los niveles anteriores a la expropiación de YPF. Y es que el dictamen de los tribunales, aunque sería más favorable para la compañía española, se espera a más largo plazo. Ante posibles movimientos de capital, el Gobierno se va a quedar con la capacidad de rechazar la operación sobre la base de que las refinerías son activos estratégicos. Además de Pemex, los dos grandes accionistas de Repsol son La Caixa y Sacyr. La constructora no prevé desprenderse de su cerca de 10% hasta 2015.