Los últimos en entrar en la refriega han sido los rectores, que han pedido la retirada del borrador por entender, entre otras razones, que vulnera el principio de igualdad de oportunidades y encierra el riesgo de exclusión para los alumnos más vulnerables.

El primero en rechazar el proyecto del Gobierno fue el Consejo Escolar del Estado, después varias comunidades autónomas (entre ellas algunas del PP) en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Educación, y finalmente la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Los rectores entienden que la aplicación de los nuevos requisitos académicos junto con el cambio de modelo en la asignación económica puede conducir a un efecto excluyente y disuasorio tanto para el acceso como para la continuación en los estudios superiores. Señalan que si la normativa propuesta se aprobara sin cambios quedaría bloqueado el acceso a la Universidad de los alumnos con menos posibilidades económicas y estarían abocados a la exclusión el 50% de los actuales becarios.

La CRUE, cuya Permanente ya prepara un texto alternativo al de Educación –debe presentarlo antes del jueves, lamenta “la falta de comunicación al respecto, al haber sido informados del RD por una noticia filtrada en la prensa, sin tener conocimiento previo ni siquiera de la orientación” que este iba a tener.

El borrador de Real Decreto cambia el sistema de concesión, las cuantías y los requisitos académicos de las ayudas al estudio, y establece una parte fija sujeta a la renta y/o a la necesidad de cambiar de domicilio para estudiar, y otra variable en función de indicadores como las notas del solicitante o la disponibilidad presupuestaria del Gobierno.

De acuerdo con el borrador se concederá una cuantía fija sujeta a la renta del solicitante, de 1.500 euros, y otra, también fija, de movilidad, también de 1.500 euros. La cuantía variable se desconoce aunque se fijará un mínimo de 60 euros.

En relación con las exigencias académicas, se mantienen las introducidas en el Real Decreto de Becas que se aprobó el año pasado y que se ha aplicado ya este curso.

Para acceder a la Universidad, se pedirá un 6,5 de media en la prueba de acceso para obtener una beca en primera matrícula y aprobar el cien por cien de los créditos para renovarla el curso siguiente, salvo que cursen enseñanzas técnicas (ingenierías y arquitectura) en cuyo caso podrán obtener la ayuda si aprueban el 85% de los créditos matriculados.

Sin embargo, con una nota media de 6,5 se podrá acceder a una beca habiendo aprobado sólo el 90% de los créditos en Arte y Humanidades y en Ciencias Sociales y Jurídicas; y el 80% en Ciencias y Ciencias de la Salud. Para las Enseñanzas Técnicas, con una nota media de 6 sólo se exigirá aprobar el 65% de los créditos para poder acceder a la ayuda pública.

Los rectores denuncian que “la aplicación de los nuevos requisitos académicos junto con el cambio de modelo en la asignación económica pueden conducir a un efecto excluyente y disuasorio tanto para el acceso como para la continuación en los estudios superiores” Y en su opinión, esto podría vulnerar el principio constitucional de garantizar la igualdad de oportunidades. Sucede que, según la CRUE, “se exige más rendimiento a quien tiene menos recursos y posibilidades.”.

Los máximos responsables de los campus advierten que “aun compartiendo la filosofía de reforzar positivamente a los estudiantes con mejores rendimientos, creemos que no deben mezclarse ni confundirse las becas de carácter asistencial como instrumento de integración y promoción social, con las de excelencia académica. Unas no deberían excluir a las otras, y el sistema puede, y debe reconocer ambas”.

La CRUE denuncia que “la reducción general de cuantías y de componentes, la reducción de umbrales económicos y el endurecimiento de requisitos académicos impiden el acceso a la beca de muchos estudiantes”. Asimismo, “estos factores también producirán un número importante de abandonos de estudiantes próximos a finalizar sus estudios, generando una indeseada ineficiencia en el sistema universitario (especialmente, en el público)”.

Los rectores aseguran que la nueva normativa generará un enorme problema con aquellos estudiantes que disfrutan actualmente de beca de movilidad, sustituyendo la anterior componente específica por una denominada residencia del estudiante durante el curso escolar, cuya cuantía fija es notablemente inferior”, ya que se reduce hasta dejarla en 1.500 euros. Del mismo modo, consideran que esta reducción económica “provocará un efecto de localismo, que es esencialmente contrario al impulso de la movilidad estudiantil que fundamenta el Espacio Europeo de Educación Superior”. Además, resaltan como especialmente perjudicados a los estudiantes de zonas rurales o zonas urbanas “que no dispongan de universidad”, ya que “se verán enormemente perjudicados al tener mucho más difícil su acceso” a los centros superiores.

En cuanto al cálculo de la cuantía variable, la CRUE asegura que “vulnera claramente el principio de seguridad jurídica, puesto que el estudiante no conocerá el importe total de la beca hasta que esté prácticamente finalizando el curso académico”, circunstancia que retraerá a “los estudiantes con rentas más bajas o que deban desplazarse de sus domicilios”, porque los “importes fijos no garantizan la continuidad en los estudios universitarios de alumnos con rentas bajas, y la limitación del importe variable a la disponibilidad presupuestaria no garantiza el acceso a las becas de estas personas más vulnerables”.

Para los rectores, la política de becas debe considerarse como “una inversión en el futuro de la sociedad” y, ante los riesgos que encierra la propuesta, se “profundamente preocupados”, porque su aplicación tal como pretende Educación “debilitaría seriamente la función social de la educación superior en España, más teniendo en cuenta que estamos aún lejos de la media de la OCDE de inversión en becas respecto al PIB”. España invierte en becas un 0,11% del PIB frente al 0,29% de la OCDE.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha respondido que escuchará lo que los rectores tengan que aportar sobre el Real Decreto, aunque no variará la exigencia de rendimiento académico para acceder a las ayudas. El propio Wert se había comprometido horas antes a rebajar la exigencia académica para acceder a una beca en Bachillerato o en FP Superior.

«Estudiaremos con atención las propuestas que se nos hagan, pero en lo que se refiere al planteamiento general de que es preciso introducir una serie de exigencias de rendimiento académico para el acceso y mantenimiento de las becas en la Universidad, nuestra posición no ha variado tras esta reunión”, ha dicho Wert tras la celebración del Consejo de Universidades..

Como viene sucediendo en los diferentes episodios entre el ministro y los rectores, ambas partes han acordado una nueva reunión para analizar la alternativa que la CRUE presentará al Ministerio.. Según la presidenta del la Conferencia de Rectores, Adelaida de la Calle, el ministro «se ha comprometido a considerar” nuestras propuestas, pero “no sé hasta qué punto”.

En cualquier caso, los rectores reclaman un sistema de becas que «garantice la igualdad de oportunidades y permita que el que apruebe pueda seguir estudiando». Y piden la retirada del proyecto de Real Decreto.

De acuerdo con lo previsto, Wert estudiará la propuesta de los rectores y después la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, en la que también están los rectores, dirá la última palabra sobre el borrador