Cuentan que Sáenz de Santamaría tuvo tardes mejores y no es difícil de creer. Después de crujir durante casi año y medio a los ciudadanos que ahora asegure con solemnidad que ha llegado la hora del sacrificio de los políticos delata un orden de prioridades más que cuestionable ofensivo. Si algo llama la atención tras leer la alineación de organismos a suprimir en la Administración (en la inmensa mayoría de los casos si así lo disponen las autonomías) es que muchos de ellos hayan existido todos estos años. Hasta para alguien que defienda lo público cuesta asimilar que la cría caballar del ejército tenga asignado un chiringuito propio o que para construir una auditorio en Málaga sea necesario un consorcio en vez de presupuesto, cemento y ladrillos.

En otros casos la eliminación es más que discutible aunque, por encima de los detalles por importantes que sean, está esa alegría injustificada, al menos con los inexistentes datos sobre la mesa, con la que se compromete un ahorro de 37.700 millones de euros (se echan de menos los céntimos) cuando, como se mencionaba, una parte importante de esa merma compete a las regiones y éstas ya han venido a decir a Moncloa, ya sea por orgullo nacionalista o por tradición histórica y con un vocabulario mucho más institucional, eso sí,  que se dé un tripazo. De un Gobierno creíble acaso se podría esperar una aproximación a esa cifra, pero del mismo que iba a recortar cien mil millones, que no digo yo que lo aplauda, y luego no lo hizo o del mismo que iba a meter tijera en el número de concejales y luego reculó por la presión de los suyos tampoco es cuestión de pedirle muchas peras tal es el tamaño del olmo.

No debe ser casual que el porcentaje de gasto público sobre PIB sea mayor justo en las economías más poderosas (Francia, Reino Unido y Alemania, de mayor a menor en este indicador) y que, por tanto, igual no es tanto cuestión de gasto como de eficacia. Lo que no parece lógico ni medianamente presentable, incluso si me apuran impresentable, es que en este país, y ha pasado en numerosas ocasiones, primero se piense en el amiguete a colocar y luego en la nomenclatura del cargo que se le otorga. Hay directorios de organismos públicos con tantos jefes que luego, a la hora de despedir, se suele prescindir del único que trabajaba por ser un elemento extraño e insolidario.

Se dan casos tan enigmáticos, tipo fincas de Infanta, como tener a un antiguo bi-ministro con UCD al frente de un Consejo Consultivo de las Privatizaciones, como si quedara algo por vender, y cuando, que se sepa, en el último trienio, sin ingreso alguno en este concepto, debe haber tenido tanto trabajo como los Reyes Magos en pleno agosto. Que el titular, de nombre Luis Gamir, sea amigo del propio presidente del Gobierno seguro que no tiene nada que ver, pero tampoco es cuestión de escatimar datos a los generosos lectores. Si fuera excepción estaría mal. Cuando se hace costumbre desbarata toda credibilidad.

Más aún en una época en la que, por poner otro ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid se van a amortizar casi cinco mil empleos, algo que no es óbice para que la señora alcaldesa recoloque de inmediato a dos de sus delegados que, por sentencia del Constitucional, no pueden ser titulares de concejalías concretas por no haber sido elegidos por los ciudadanos. A uno de ellos, en concreto Fernando Villalonga, le nombró presidente de una empresa municipal y al otro, Gómez Angulo, le asignó una competencia que hasta entonces no existía. Con estas maneras se convendrá que casi es más difícil creerse lo de las reformas que, un suponer, alguien se equivoque trece veces con un DNI de sólo dos dígitos. Una exageración, ya lo sé.