La Unión Europea ha logrado este miércoles un principio de acuerdo para reformar la Política Agraria Común que mantiene un ‘pago verde’ o ‘greening’ del 30% y limita al 60% de la ayuda media de una región la convergencia interna que no gustaba a España, según han indicado fuentes en la negociación.

El pacto fue validado -por la tarde- por la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que tras felicitarse por el acuerdo, ha criticado la negativa de los 27 a tratar cuestiones financieras, y han advertido que su apoyo esta condicionado a que haya un acuerdo sobre los presupuestos de la UE para el periodo 2014-2020.

Elementos del acuerdo

   Entre los elementos del acuerdo figura la extensión hasta 2017 del sistema de cuotas de producción de azúcar, la fecha pactada por los ministros de Agricultura de la UE horas antes, frente al 2018 al que aspiraba el Parlamento, según fuentes de la presidencia irlandesa de la UE.

La Comisión europea, la Eurocámara y la presidencia irlandesa de la UE han concluido pasado el mediodía la última ronda de negociaciones, según ha informado el portavoz del Ejecutivo comunitario para asuntos agrícolas, Roger Waite.

Varios eurodiputados presentes en la reunión a puerta cerrada han anunciado el acuerdo a través de las redes sociales, aunque sin revelar detalles del mismo y advirtiendo de que lo pactado requiere aún el visto bueno en comisión europarlamentaria.

«Acuerdo político en PAC», ha anunciado en su cuenta de twitter la eurodiputada socialista Iratxe García, miembro del equipo negociador de la Eurocámara. La presidencia irlandesa de la UE ha seguido la misma línea y lo ha anunciado en su cuenta: «Acuerdo logrado en el trílogo».

El acuerdo necesita formalmente el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los 27, lo que alargará la tramitación hasta el otoño.

Los ministros de Agricultura de la UE negociaron durante los últimos tres días en Luxemburgo una revisión de su posición negociadora, con el objetivo de acercarse a las exigencias de la Eurocámara.

Entre sus líneas básicas figuraba limitar la convergencia interna al 60% de la ayuda media de una región, para que el reajuste en el reparto de los apoyos suponga que en el horizonte de 2019 todo agricultor recibirá al menos un 60% de la ayuda media en su región.

Esta medida, no obstante, estará condicionada a que su aplicación no implique pérdidas mayores del 30% para ningún agricultor. España ha sido uno de los países más exigentes para flexibilizar al máximo esta ‘tasa plana’.

Los 27 también defendían en la negociación la exención para los pequeños agricultores, de modo que aquellos que perciban menos de 1.250 euros por año no deberán ajustarse a la convergencia. Si los eurodiputados han aceptado esta salvaguarda sin cambios, en el caso de España supondrá que quedarán libres de esta norma 881.000 agricultores, es decir, el 46 % del sector.

Pago verde

La reforma contempla además entre sus principales novedades el llamado ‘pago verde’ o ‘greening’, por el que un 30% de las ayudas directas estarán condicionadas a esfuerzos medioambientales determinados.

Debate en el Parlamento Europeo

En un primer debate para valorar los cuatro reglamentos pactados que regularán la nueva PAC, el principal grupo en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE), ha indicado su satisfacción por el contenido de los compromisos obtenidos. «El PPE está de acuerdo con el pacto alcanzado», ha declarado el coordinador del grupo conservador en la comisión agrícola, Albert Dess, quien ha prometido un «apoyo político» de su formación para la aplicación adecuada de la PAC.

Por su parte, el ‘popular’ español Gabriel Mato ha celebrado «la capacidad de ceder todos un poco para ganar todos mucho». En lo que a los intereses particulares de España se refiere, Mato ha destacado que se elimina «la sombra de la tasa plana» al limitar la convergencia interna y porque se permitirá «cierta flexibilidad» en la aplicación del ‘greening’ o ‘pago verde’ que condiciona el 30 % de las ayudas a exigencias beneficiosas para el medio ambiente.

Los socialistas europeos también han aplaudido el consenso y, a través del portugués Luis Capoulas Santos, negociador de parte de la reforma, han indicado su «amplio apoyo» a lo convenido.

La eurodiputada española Iratxe García ha indicado que el resultado es «favorable» para «reducir el impacto negativo» que la reforma iba a tener sobre determinados sectores. Con todo, ha advertido de las dificultades que algunos productores tendrán para aplicar la nueva PAC y ha pedido trabajar para que ese daño sea el «menos posible». »

Capoulas Santos e Iratxe García han coincidido en señalar la preocupación expresada también por el presidente de la comisión de agricultura del PE, Paolo de Castro, por la negativa de los gobiernos europeos a abordar determinadas cuestiones, por estar éstas vinculadas al marco financiero 2014-2020, cuyas negociaciones a tres bandas en la UE se han complicado.

«Este acuerdo no podrá llevarse a una votación definitiva hasta que no conozcamos el marco financiero. Quiero plantear la exigencia al Consejo de mover ficha para que este Parlamento pueda plantear un acuerdo sobre el marco financiero. Tal y como está no es aceptable para muchos de nosotros», ha resumido García.

Los reglamentos también han gustado a los liberales en la Eurocámara (ALDE), cuyo coordinador, el escocés George Lyon, ha explicado que la nueva PAC supone «un primer paso» hacia una estrategia con la que «asegurar una producción sostenible» de alimentos, en donde los agricultores puedan «producir más, con menos recursos». Lyon ha criticado, no obstante, que los 27 hayan impedido discutir capítulos relacionados con el presupuesto. «Es lamentable», ha dicho.

En representación de Los Verdes ha intervenido Martin Hausling y ha destacado que supone un «cambio de rumbo» por las medidas creadas para incentivar las prácticas ecológicas, aunque ha mostrado decepción por el carácter voluntario del programa de apoyo a los pequeños productores.

También ha criticado que los líderes europeos decidieran que el techo máximo de 300.000 euros a las ayudas anuales por explotación sea una posibilidad voluntaria para los países y no obligatorio, como reclamaron Bruselas y la Eurocámara.

El francés José Bové (Los Verdes) ha indicado su «tristeza» porque considera que la reforma ha quedado descafeinada por la intervención de los Veintisiete, a quienes ha hecho responsables de una «renacionalización» de esta política.

Por su parte, el norirlandés Jim Nicholson (ECR) ha dicho que está en contra de lo acordado respecto a la OCM única, que regula las medidas de mercado y sistemas como el de producción de azúcar y leche.