Casi al mismo tiempo que el secretario general de la AEB, Pedro Pablo Villasante, recordara, en la presentación de los resultados de los bancos en el primer trimestre que éstos “siempre han sido muy conservadores en el dividendo, con payout muy inferiores al 50%”. la Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España remitía a esta institución y a la Ceca una carta en la que “recomienda que durante el ejercicio 2013, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada entidad, se limite el reparto de dividendos”. El supervisor deja muy claro que “en todo caso, los dividendos en efectivo que se satisfagan en este ejercicio no excedan del 25% del beneficio consolidado atribuido”.

El argumento de esta limitación, planteada ya por organismos como el Fondo Monetario Internacional y que no ha cogido por sorpresa a las entidades financieras, es que la política de distribución de dividendos “debe estar ajustada al principio de cautela y orientada a asegurar en todo momento un adecuado nivel de capitalización”.

“Esta exigencia es especialmente necesaria en un entorno como el actual, en el que persisten incertidumbres sobre la evolución económica, tanto en España como en el conjunto de la zona euro, así como en otros países  en los que las entidades españolas despliegan su actividad”, insiste el Banco de España.

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El supervisor aprovecha la ocasión para subrayar que “las políticas de distribución de dividendos de las entidades deben considerar, además de los pagos en efectivo, los que se realizan mediante entrega de acciones”. “En la medida en que esta alternativa se utilice de manera recurrente y no responda a una situación temporal o transitoria, es conveniente que el dividendo total por acción se ajuste razonablemente para acomodarse al crecimiento de las acciones en circulación y a la evolución de los beneficios”, precisa el Banco de España.

En lo que parece un mensaje dirigido al FMI, el Banco de España recuerda que el sistema bancario español ha hecho “avances decisivos” en su proceso de reestructuración, de acuerdo con las exigencias fijadas en el Memorándum de Entendimiento suscrito el 20 de julio de 2012, destacando la recapitalización de las entidades con problemas y el traspaso a la Sareb de activos de éstas ligados al sector inmobiliario.

Además, 2012 se aprobó un “nuevo y más exigente” régimen de provisiones, y se definió un coeficiente de solvencia del 9%, que sólo puede cubrirse con recursos propios de la máxima calidad.

Recientemente, se ha establecido también un marco general de criterios aplicables a las  refinanciaciones para asegurar su tratamiento homogéneo y prudente por parte de las entidades.

“Estas reformas, junto con las acciones de las propias entidades, han reforzado los balances bancarios y aseguran unos niveles de solvencia adecuados frente a los riesgos asumidos”, concluye el Banco de España.