El Instituto de Ciencias del Seguro de la Fundación Mapfre ha editado, como número 188 de los Cuadernos de la Fundación, la obra “El control interno y la responsabilidad penal en la mediación de seguros privados”. Sus autores son Jaime Gómez-Ferrer, coordinador del Área de Análisis de los Canales de Distribución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y Alfredo Liñán, abogado del Departamento de Procesal de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

La obra cuenta con un prólogo de Carlos Montalvo, executive director del supervisor europeo de seguros, Eiopa. Montalvo insiste en que “detrás de cada riesgo hay una oportunidad” y en que el “negocio asegurador, desde sus orígenes, se ha basado en la idea de tomar riesgo, gestionarlo, mitigarlo y obtener un beneficio en el proceso”. Y recuerda que con Solvencia II, “lo que el regulador busca es simplemente adecuar el marco normativo a la realidad del negocio regulado”.

El libro analiza las principales áreas de riesgo de los mediadores y su responsabilidad tanto con las aseguradoras como con los consumidores. Se trata de una guía útil, necesaria y exhaustiva para los operadores del sector, especialmente porque los mediadores deben conocer los riesgos a los que se enfrentan, así como los posibles conflictos de interés con sus clientes y con las aseguradoras.

Los autores de este trabajo hacen especial énfasis en que los principales retos de los mediadores consisten en “retener y fidelizar a los clientes, así como el desarrollo del negocio a través de nuevas herramientas de distribución”.

Profesionalización

Pero a estos desafíos intrínsecos a la actividad de mediación de seguros se une un riesgo regulatorio ante los numerosos proyectos legislativos europeos que afectarán a la distribución de pólizas. Y que demandan una mayor profesionalización del sector, también de la mediación.

También se exponen en la obra, de 316 páginas, los sistemas que el sector asegurador ha implantado en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como el recientemente publicado borrador de Directiva de 5 de febrero de 2013, y el próximo reglamento de desarrollo de la actual Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, entre otras cuestiones.