Los profesores de las Universidad del País Vasco Mikel Fuente Lavin y de Castilla-La Mancha, Joaquín Aparicio Tovar se explayaron la tarde del lunes ante la Comisión del Pacto de Toledo sobre el informe que han elaborado los expertos designados por el Gobierno para aplicar el llamado “factor de sostenibilidad” de las pensiones. Desconoce el cronista si ambos cátedros se conocían o se habían puesto de acuerdo, pero coincidieron, cada cual con su forma de expresarse, en que el informe es infumable, parcial, injusto y, si se aplicase, sería contrario a los principios constitucionales que garantizan el sistema de Seguridad Social, público por definición, y los principios de justicia y equidad. El hecho notable y noticioso es que después de los representantes de los sindicatos UGT y CC.OO, Carmen López Ruiz y Carlos Bravo Fernández, respectivamente, tomaran la palabra estos expertos con los que el Gobierno no contaba.

Fuente Lavin estimó que la reforma de 2011 y las decisiones posteriores de limitación del complemento de mínimos, que afectan a las viudas y viudos y a los que menos cobran, unidas a las nuevas condiciones a los parados de larga duración, ya suponen una reducción del 20 al 25% de las futuras pensiones, por lo que el factor de sostenibilidad está garantizado y el informe de los técnicos “tiene poco fundamento”. Si la reforma de 2011 parte del 10,7% del PIB para llegar en 2060 al 13% del PIB, el cálculo ya implica, según Fuente Lavin, una mayor diferencia entre el salario medio, estimado en 1.600 euros mensuales, y la pensión media, ahora cifrada en 900 euros.

Cuestión distinta es que la caída de la recaudación de la Seguridad Social por el aumento del paro, las reducciones salariales y otras causas avaladas por la reforma laboral, hayan llevado al Gobierno a buscar “cobertura científica a corto plazo” al nuevo ajuste de las pensiones. La sostenibilidad estimada a través del Factor de Esperanza de Vida (FEV) está equivocado y es injusto. Equivocado porque el Instituto Nacional de Estadística (INE) ya apunta una reducción de los años de vida del 19,8% hasta 2050, e injusto porque los trabajadores mueren antes que los ricos, y el informe trata a todos por igual.

Abundó en este punto el profesor Aparicio Tovar: “El factor FEV es propio de un sistema de seguro, no de Seguridad Social. Si se aplicase sería discriminatorio porque no tiene en cuenta las diferencias de clase, de género y otras”. Sobre el segundo elemento de la sostenibilidad introducido por los expertos, el Factor de Revalorización Automática (FRA), ambos profesores coincidieron en que “es más incierto todavía” y auguraron que el cambio del IPC por el FRA supondrá que “no habrá actualización para los nuevos pensionistas”. Con esa contundencia lo expresó Fuente Lavin. “Estaríamos ante unos elementos contrarios a la Carta Social Europea”, dijo Aparicio Tovar.

El profesor de la Universidad castellano-manchega desarrolló la cuestión de fondo: la exigencia del nuevo ajuste de las pensiones por parte de la UE y de la Troika como si fueran un elemento más del déficit o una condición del ajuste del calendario para España. “Parece que se quiere hacer realidad las palabras del presidente del BCE, Mario Dragui: el Estado social ha muerto”, recordó Aparicio Tovar después de denunciar las medidas “sin justificación” plasmadas en el informe, que “no persiguen –dijo– sino crear dudas insidiosas” sobre la salud del sistema, con el objetivo de alentar los fondos privados y “bombardearlo”. En este punto recordó la “desastrosa experiencia” de los ahorradores, “no de los gestores”, en los fondos de pensiones desde 1994 a 2013 y citó el caso de Chile, donde Pinochet implantó un sistema privado y finalmente el Estado ha tenido que socorrer con pagas mínimas a los pensionistas. “Los carabineros y militares no entraron en el sistema privado –recordó–; como decía un amigo: eran militares, pero no estúpidos”.

Según Aparicio Tovar, la Seguridad Social es una competencia de los Estados no atribuida a la UE. “Es el corazón del Estado social establecido en el 1.1 de la Constitución. Así lo ha establecido en Alemania el Tribunal Constitucional, y aquí ocurre lo mismo, por lo que las reformas orientadas por la UE son ilegítimas, de modo que a ustedes, los legisladores, les corresponde decir al señor Dragui que no se puede matar el Estado social sin cambiar la constitución”, concluyó el profesor Aparicio Tovar quien, además consideró lamentable que los expertos hayan omitido preceptos constitucionales esenciales en su informe.