UGT y CCOO advirtieron hoy a los empresarios que presentarán conflictos colectivos “en cada empresa” afectada por la desaparición de convenios colectivos a partir del próximo 8 de julio, una situación que afecta a 1,8 millones de trabajadores del sector público y privado en toda España y que viene motivada por la reforma laboral de 2012 y el final decretado por la nueva normativa a la llamada ultraactividad, la prórroga automática de los convenios.

Las centrales sindicales amenazaron este miércoles a algunos “empresarios ventajistas” que pretenden dejar morir los convenios colectivos de miles de trabajadores aprovechando el final de la ultraactividad decretado por la reforma laboral hace un año.

Los secretarios generales de UGT, Toni Ferrer, y CCOO, Ramón Górriz, afirmaron que presentarán “conflictos colectivos” en cada empresa donde decaiga un convenio a partir del 8 de julio. El pasado 23 de mayo, los agentes sociales firmaron un acuerdo que buscaba solventar este problema que afectaba entonces a 3,5 millones de trabajadores. Desde entonces algo más de la mitad se ha solucionado.

Los sindicatos prevén un ‘sprint’ que prorrogue la duración de los convenios amenazados o bien deje la solución en manos de los mecanismos autónomos de resolución de conflictos antes del próximo 8 de julio.

Además, los líderes sindicales han instado al Gobierno a prorrogar el plazo de un año decretado para el fin de la ultraactividad. De hecho han recordado que el Ejecutivo, en un primer momento, fijó un plazo de dos años para que caducaran los convenios vencidos, en lugar del año aprobado finalmente.

“El Gobierno tiene mucho que decir”, han dicho Górriz y Ferrer que destacaron además la “responsabilidad” del Ejecutivo que preside Rajoy en caso de que el conflicto se agrave con el consiguiente aumento de la litigiosidad, lo que repercutirá negativamente en la productividad y competitividad de las empresas, subrayaron.

Un millón de trabajadores afectados en Cataluña, Madrid y País Vasco

El mayor número de trabajadores afectados por los convenios pendientes se concentra en Cataluña (405.000 trabajadores), Madrid (303.000 trabajadores) y Andalucía (283.000 afectados) y en los sectores del transporte por carretera y, ya en el sector público, en el personal de los ayuntamientos y el personal laboral de algunas comunidades autónomas, informaron.

UGT y CCOO declinaron detallar su estrategia judicial para la ofensiva anunciada ante el fin de la ultraactividad. Sí dijeron en cambio que los dos ejes de esta batalla en los juzgados se centrará en la doctrina que afirma que, aunque los convenios desaparezcan, los derechos que contienen no se evaporan sino que se incorporan a los contratos de los trabajadores afectados.

Además recordaron a los empresarios la obligación de comunicar el fin de un convenio. En este sentido, alertaron sobre determinadas prácticas de “empresarios ventajistas”, dijeron, consistentes en renovar el convenio para a continuación liberarse de las condiciones pactadas, invocando una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, recogida en el el artículo 41 de la reforma laboral de 2012.

Górriz y Ferrer instaron a los patronos a cumplir con la obligación de negociar de buena fe, recogida en la normativa laboral. “No creo que a nadie se le pase por la cabeza rebajar un salario de 1.300 euros a los 645 que fija el salario mínimo interprofesional, alertó Górriz quien abogó por buscar “unas relaciones laborales basadas en el equilibrio y la buena fe” en lugar de la vía judicial.