Denaria, el proyecto de cooperativa de crédito que impulsa Cepyme Alicante, no despierta precisamente entusiasmos en las patronales homólogas de Valencia y de Castellón. Pese a que Cepymeval hiciera público un comunicado en el que destaca que “esta iniciativa resulta de gran interés por tratarse de un proyecto impulsado desde el ámbito empresarial que, además, tiene como objetivo paliar uno de los principales problemas a los que se enfrentan las pymes de la Comunidad Valenciana, como es la falta de crédito por parte de las entidades financieras”, esta asociación empresarial, como la de Castellón, prefieren centrarse en el relanzamiento de la sociedad de garantía recíproca (SGR) de la comunidad autónoma.

Esta preferencia por dar un nuevo impulso a la SGR de la Comunidad Valenciana se ve reforzada al aprobar la Generalitat el aval de 200 millones de euros que permite la continuidad de la entidad. La operación, de la que dependía la viabilidad de la SGR levantina, se formalizará gracias al preacuerdo de reestructuración de su deuda alcanzado con un grupo de 23 entidades financieras.

No obstante, el Gobierno autonómico matiza que el aval está condicionado a que la Comisión Europea no lo considere ayuda de Estado no compatible. Si Bruselas venta la operación, el aval dejará de tener efecto, según la Conselleria de Hacienda.

La SGR de la Comunidad Valenciana, que entró en causa de disolución en mayo de 2012, desarrollará un plan de viabilidad a cinco años, que establece determinadas condiciones para la concesión de avales y para la supervisión de su actuación por parte del Instituto Valenciano de Finanzas , aunque también tendrá un controlador externo.

Medio millón de pymes menos

Garantizada, salvo que la Comisión Europea diga lo contrario, la viabilidad de la SGR de la Comunidad Valenciana, en Cepyme Valencia y en Cepyme Castellón no entusiasma mucho Denaria. Sus responsables aplauden la figura de la cooperativa de crédito porque financia directamente a las empresas, frente a la SGR, que proporciona avales a éstas. Pero argumentan que constituir una cooperativa de crédito es muy complicado, máxime en estos momentos de crisis. Y hacen cuentas: aunque el capital fundacional debe ascender a 3,6 millones de euros al tratarse de una cooperativa de crédito autonómica, hacen falta en realidad unos 8 millones.

La entidad tiene que captar depósitos para poder dar créditos y obtener un margen suficiente para cubrir los costes operativos y generar margen de explotación. Pero un crédito requiere una dotación mínima del 9%, que puede llegar al 100% en el peor de los escenarios posible. Además, las exigencias de provisiones son mayores en las operaciones de financiación de pymes, por sus mayores riesgos. En la Comunidad Valenciana han desaparecido más de medio millón de pymes en los dos últimos años.