Esta es, al menos, «la idea» que tiene el Gobierno, después de que el anteproyecto de ley recibiera, el pasado 28 de junio, luz verde en el Consejo de Ministros y se haya remitido al Congreso.

De esta forma, si se cumplen los plazos fijados, la autoridad fiscal podrá pronunciarse sobre los presupuestos de este año, a partir por ejemplo de las estadísticas de ejecución, mientras que el próximo ejercicio podrá valorar la totalidad de las cuentas públicas.

Así lo ha destacado en Santander la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, durante una conferencia que ha versado sobre el anteproyecto y con la que ha inaugurado un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) centrado en este organismo, que supone «Un reto para la economía española».

En su intervención, Fernández Currás ha destacado que será una institución independiente, que supone «un reto y un compromiso» y con la que se da «un paso adelante más» en la política de consolidación fiscal.

Ha detallado al respecto que velará por el cumplimiento de las reglas y la definición de «rigurosas» políticas fiscales, lo que a su vez contribuirá a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y, también, a reforzar la «credibilidad» de las medidas adoptadas.

«Intérprete» 

Además, Fernández Currás ha señalado que la nueva autoridad fiscal será un «intérprete» para los ciudadanos en materia de información económico-financiera de todas las administraciones públicas.

Así, ha detallado que sus representantes serán escogidos entre personalidades de reconocido prestigio, y ha precisado que ni el presidente -cargo que deberá ser aceptado por las Cortes Generales e incompatible con cualquier otra actividad-, ni el personal de la entidad podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada. Así, su adscripción al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas es meramente formal.

Además, la fuente principal de financiación será una tasa que habrá de ser satisfecha por las administraciones públicas sometidas a supervisión, lo que fortalecerá la autonomía e independencia del ente.

Entre sus principales funciones estará la evaluación de las previsiones macroeconómicas del Gobierno que sirven de base para el proceso presupuestario y el seguimiento del cumplimiento de las reglas fiscales.

Tras indicar que con su puesta en marcha no sólo se reforzará el compromiso con la estabilidad presupuestaria, sino también las exigencias de coordinación y definición del marco de estabilidad común de la Unión Europea, la secretaria de Estado ha remarcado que España ha sido «uno de los primeros países» en incorporar las disposiciones de la nueva normativa comunitaria en materia fiscal en un texto de máximo rango legal.

En este sentido, ha indicado que el anteproyecto cumple con las expectativas de consenso en el ámbito internacional. La secretaria de Estado recordó también que el proyecto de ley orgánica para la creación de la autoridad fiscal ha sido sometido a las observaciones de las instituciones nacionales e internacionales, así como al dictamen del Consejo de Estado.