El máximo responsable de los últimos gestores de CatalunyaBanc antes de su nacionalización ha eludido cualquier responsabilidad en la deriva de la entidad, rescatada con 9.084 millones de euros procedentes de fondos públicos. El ex presidente de la caja catalana, Adolf Todó, que dirigió la entidad de marzo de 2008 hasta el pasado mes de mayo, ha cuantificado y atribuido las culpas en un 95% a la anterior dirección de la entidad, presidida por Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno, y con Josep Maria Loza en la dirección general. Ellos son, a juicio de Todó, los máximos responsables de la situación que ha llevado a la nacionalización de la caja catalana.

Todó, que ha comparecido ante la comisión de investigación del Parlamento catalán para aclarar lo ocurrido con las cajas catalanas, ha atribuido al director general entre 1998 y 2008, Josep María Loza, una «estrategia equivocada basada en una excesiva exposición al negocio inmobiliario». A preguntas de los diputados, Todó ha asegurado que sólo se siente responsable de un 5% de la actual situación de la caja, cuya subasta el Estado ha tenido que paralizar hasta en dos ocasiones por las dificultades encontradas para venderla.

El ex presidente de CatalunyaCaixa ha explicado en sede parlamentaria que muchas hipotecas se concedían por encima del 80% del valor del inmueble y que la expansión del grupo fuera de Cataluña se hizo concediendo financiación a familias y empresas que el resto de entidades rechazaban prestar. Todó ha añadido que actuó de “bombero y no de pirómano, pero el fuego era muy grande”. Ha relatado que al llegar a la caja elaboró un plan de choque y que su primera decisión fue prescindir de los servicios de Boston Consulting, que desde hacía seis años asesoraba a la cúpula directiva que encabezaba Loza y Serra. «Prescindir de Boston Consulting supuso un ahorro de siete millones de euros al año», ha subrayado, tras destacar que «una entidad financiera no puede externalizar su inteligencia”, porque “Boston Consulting tomaba todas las decisiones de gestión»

El ex presidente de CatalunyaCaixa no ha querido evaluar la actuación de su antecesor en el cargo, Narcís Serra, y ha admitido que decidió no reclamar responsabilidades por la gestión a la cúpula directiva anterior porque su objetivo era no poner en el foco a la entidad y evitar perjudicar su imagen pública. «Era un enfermo que no quería ruido»,ha afirmado.

Pide perdón por las preferentes

En el punto que Todó si ha asumido responsabilidades es en la venta de participaciones preferentes a particulares. Al respecto, el ex máximo responsable de la entidad ha admitido que Catalunya Banc pudo cometer «errores» en la comercialización de estos productos y ha reconocido que no tendría inconveniente en pedir perdón por ello.

Millonaria pensión

En cuanto a la pensión de 3,5 millones de euros, Adolf Todó ha subrayado que está fijada «por contrato» y tiene derecho a percibirla tras su cese de la entidad nacionalizada, pese a que el actual propietario de la entidad, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha decidido congelarla. El ex presidente de CatalunyaCaixa asegura que le corresponde esa pensión como ex alto cargo de esa entidad y como derechos acumulados por haber trabajado  18 años antes en Caixa Manresa, entidad que posteriormente se fusionó con Caixa Catalunya y Caixa Tarragona para dar lugar a CatalunyaCaixa, marca comercial de Catalunya Banc.

«Este contrato firmado con el FROB dice que esto son derechos consolidados por el señor Todó, cobrables cuando deje la entidad por cualquier motivo», ha afirmado el ex directivo en sede parlamentaria, después de insistir que los 3,5 millones de euros «no son una indemnización», sino «derechos de pensiones», un salario que se va pagando cada año en diferido.

El compareciente ha asegurado también que cuando fichó por CatalunyaCaixa lo hizo a cambio de unas determinadas condiciones económicas. Como de entrada sus condiciones estaban «por debajo de la medida del sector», años después se aprobó un incremento de sueldo para situarlo en torno a los 800.000 euros al año. No obstante, el FROB acordó el pasado año que el salario anual de los directivos de las nacionalizadas no pudiera superar los 300.000 euros.