Como ocurrió el pasado año, el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, han escenificado este miércoles sus diferencias en público, en este caso sobre el estado en el que se encuentra la ley eléctrica. Soria ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Hacienda que parte del déficit de tarifa se incluya en los próximos Presupuestos Generales del Estado, lo que permitiría la aprobación este viernes, de forma total o parcial, la reforma eléctrica por el Consejo de Ministros. No obstante, Hacienda ha desmentido horas después que haya aceptado el tema.

En este caótico ambiente se desarrollan las relaciones entre los dos departamentos que tienen que dar la luz verde a la ley, pocas horas antes de que se reúna la comisión delegada de asuntos económicos y dos días antes del Consejo de Ministros. Medios consultados señalan que las diferencias entre los titulares de los departamentos sobre las aportaciones que el Estado deberá asumir para sufragar el llamado déficit eléctrico, que se acerca a los 28.000 millones de euros, se están limando. El aspecto más sustantivo de las divergencias se centra en la parte que el Estado asumirá del citado agujero, que es la clave para que el llamado déficit de tarifa no aumente en el próximo año ni en los siguientes. En principio la aportación se elevará a unos 2.200 millones de euros, que corresponderían a los costes extrapeninsulares y parte de las subvenciones a las energías renovables.

Sin embargo, la elaboración y el encuadre de los Presupuestos del Estado para 2014 siguen siendo los temas prioritarios para Montoro, y como aún no están cerrados queda ese obstáculo para que Hacienda se comprometa con los citados 2.200 millones.

Con todo, quedan temas muy relevantes por reformar para que la asunción de costes por el Estado no sea el sistema para que el déficit se expanda, como es la reforma del mercado mayorista de generación o la retribución a las renovables. Podrá ser, según fuentes consultadas, que parte de la remodelación del sistema se retrase hasta septiembre, mientras que ahora se aprobaría medidas que se consideran más urgentes. Se percibe como una clave para que el sistema no entre en una crisis más grave.