La situación financiera de Pescanova se hacer más compleja, en un entorno marcado por las negociaciones para refinanciar su deuda, al ser ya oficial que la empresa se encuentra en quiebra técnica, con un agujero patrimonial de 927 millones de euros. Si este agujero es una realidad certificada, también es cierto que no ha supuesto sorpresa alguna. Tampoco lo es que la deuda se elevaba a 31 de diciembre de 2012 a 3.181 millones de euros, aunque esto suponga que la cifra real duplique la presentada por la compañía. Y que de un patrimonio neto de 148 millones de euros, reconocidos por el consejo presidido por Fernández de Sousa, se haya pasado a un saldo negativo por los citados 927 millones.

No obstante el actual administrador del grupo, Deloitte, insiste en que puede conseguir antes que concluya el año un acuerdo de acreedores que evite la liquidación del grupo.

El esperado informe forense de KPMG, entidad que, por otro lado, fue elegida por Sousa, destapa un entramado que complica su ya enredada situación, así como parte del equipo directivo. Deloitte, la CNMV y el juez Ruz, de la Audiencia Nacional, tienen en sus manos un detallado informe de más de 300 páginas, que tendrá las lógicas consecuencias legales. Y entre ellas, la posible inhabilitación del presidente de Pescanova, que fue separado del cargo tras la concurso de acreedores, aunque éste se presentó de forma voluntaria.

Pero él no se da por vencido, y argumenta, a través de su equipo defensor, que la banca conocía las prácticas de las operaciones financieras, que ahora se tachan de fraudulentas. Y tiene convocada por el próximo 31 de julio una reunión del consejo de administración de la compañía. En el escrito de defensa, sus abogados  destacan que la estrategia del supervisor «pase por imputar al presidente de Pescanova irregularidades que claramente no se han producido».

En estas alegaciones, recuerdan que el 11 de abril de 2013 se presentó una querella contra la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez. «Los responsables de la Comisión, que hasta entonces habían mantenido una actitud de estrecha colaboración con los directivos de Pescanova, se apresuraron en pocos días a incoar varios expedientes sancionadores contra Fernández de Sousa y otros directivos de Pescanova reprochándoles, entre otras cosas, una supuesta resistencia a la actuación inspectora», indican las alegaciones de la defensa.

Mientras, algunos bancos, especialmente extranjeros, se muestran reacios a quitas que deberían rondar el 40% de la deuda, y prefieren el troceo de la compañía, a través de la venta de activos, que interesan a fondos o a los competidores de Pescanova.