Tendrán que pagar. Las entidades que financiaron la construcción de barcos en los astilleros privados españoles a partir de 2005 deberán devolver las ayudas, el denominada ‘tax lease’. El comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, ha desoído la petición del ministro de Industria que pedía que solo se devolviera lo cobrado a partir de 2011. La decisión final, que conlleva la devolución de unos 2.800 millones de euros, se tomará el 17 de junio. Numerosas voces reclamaron la intervención de Rajoy.

Los constructores de barcos no han hallado piedad en Bruselas. El vicepresidente de la Comisión y comisario de la Competencia, el socialista Joaquín Almunia, ha desestimado este jueves los argumentos presentados por la delegación española encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria. Como única concesión, Almunia se avino a librar a los armadores de la devolución de las ayudas cobradas a modo de incentivo ideado por el Gobierno español en 2002. Pero insistió en que deben pagar las entidades que financiaron la construcción de los buques. La decisión final, que implica el pago de 2.800 millones de euros -y quizás una demanda contra el Estado español- se conocerá el próximo 17 de junio.

Almunia se mostró firme como una roca en la cual se estrellaron los argumentos de la nutrida delegración española que, encabezada por el ministro de industria, José Manuel Soria, y tres presidentes autonómicos, acudió la mañana de este jueves a Bruselas con el ánimo de hacer cambiar de opinión al comisario de la Competencia y vicepresidente de la comisión.

La carta de la excomisaria, sin valor

La delegació española encabezada por Soria esgrimió ante Almunia una carta enviada en 2009 por la entonces comisaria de la Competencia Neelie Kroes, en la cual daba las ayudas por buenas. En esta línea, el ministro español, José Manuel Soria, ha insistido en la “inacción” mostrada en su opinión por la Comisión desde 2002, cuando se puso en macha el sistema español de ayudas fiscales, el llamado ‘tax lease’. Soria insistió además en que solo deberían devolverse las ayudas desde 2011.

Almunia ha replicado que la carta de Kroes no tiene valor jurídico. Además ha añadido que la Comisión fijó su posición en 2005. “Desgraciadamente, los argumentos de seguridad jurídica se pueden utilizar, pero no se pueden estirar ilimitadamente”, señaló el comisario.

Según Almunia, el Gobierno español debió rectificar las ayudas a partir de 2005. “El sistema español siguió funcionando a pesar de que un sistema análogo como el francés fue declarado incompatible”, reiteró y también precisó que “una vez que la CE da certeza jurídica de cuál es la posición, qué ayudas son incompatibles con la legislación europea, hay que tomar nota de eso”, insistió.

Una solución insuficiente, según el sector

Almunia recalcó que la decisión de Competencia excluye de la devolución de las ayudas a los armadores y a los astilleros. El comisario, que se negó a cuantificar el monto total de lo que se deberá devolver, explicó que la decisión solo afecta a las entidades que financiaron la construcción de los barcos. Y que el dinero devuelto irá a parar íntegramente a las arcas de la Hacienda española.

Los argumentos del comisario, sin embargo, no convencieron a la delegación española. Tras la reunión, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que el hecho de excluir a los astilleros y a los armadores de la obligación de devolver las ayudas “no arregla el problema”. “Sin financiación, los armadores, los clientes, no van a solicitar nuevos pedidos. Y sin financiación, los astilleros no van a poder fabricar barcos”, recalcó.

Una posición compartida por el presidente asturiano, Javier Fernández, quien afirmó tras la reunión que “el riesgo de colapso de los astilleros sigue existiendo y por tanto debe aplicarse a nuestro juicio que la devolución no tenga lugar más que a partir de 2011”, insistió.

La financiación nueva llegará, según Almunia

En respuesta, Almunia recalcó ante la prensa que la Comisión europea aprobó en noviembre una nueva normativa sobre ayudas a la construcción naval. Además, recordó que este es un sector puntero, que ha apostado por la tecnología y que cuenta con suficiente seguridad jurídica con la nueva normativa.

La comisión deberá decidir el 17 de junio si mantiene la decisión del comisario Almunia. El lehendakari Íñigo Urkullu y los líderes de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, insistieron este jueves en pedir la mediación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.

Almunia insistió que las ayudas devueltas engrosarán las arcas públicas españolas. Sin embargo, fuentes consultadas auguran el inicio de una batalla judicial contra el Estado español si la Comisión mantiene la decisión de Almunia el próximo 17 de julio. Al fin y al cabo, argumentan, las ayudas que ahora hay que devolver parten de una decisión del Gobierno español, ahora -once años después- rectificada por Bruselas.