.-  Baja consideración de los empresarios españoles hacia la investigación, desarrollo tecnológico e innovación como elemento esencial para la competitividad.
.-  Papel insuficiente de las políticas de apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en las actuaciones prioritarias de las administraciones públicas.
.-  Desajuste entre la oferta tecnológica de los centros tecnológicos y las necesidades de la empresa.
.-  Las compras públicas de las administraciones no utilizan su potencial para impulsar el desarrollo tecnológico.
.-  Insuficiente formación y capacitación en el uso de las nuevas tecnologías en las empresas.
.-  La transferencia de tecnología de las universidades y centros públicos de investigación a las empresas se ve perjudicada por las limitaciones del ordenamiento administrativo.
.-  Falta de cultura en los mercados financieros españoles para la financiación de la innovación.
.-  La demanda nacional no actúa suficientemente como elemento tractor de la innovación.
.-  La I+D de las universidades y de los centros públicos de investigación no está suficientemente orientada hacia las necesidades tecnológicas de las empresas.
.- Proliferación de parques científicos y tecnológicos sin tener en cuenta su idoneidad como instrumentos de innovación.
.-  Escasa dedicación de recursos financieros y humanos para la innovación en las empresas.
.-  Escasa cultura de colaboración de las empresas entre sí y entre éstas y los centros de investigación.
.-  Las políticas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación fomentan más la mejora de la capacidad de investigación de los centros públicos que el desarrollo tecnológico.
.-  Las empresas no incorporan tantos tecnólogos (titulados que hayan participado en proyectos tecnológicos españoles o europeos) como otros países europeos.
.-   Escaso conocimiento y falta de valoración por las empresas de los servicios de las oficinas de transferencia de tecnología (OTRI).
.-  El potencial científico y tecnológico del sistema público de I+D no es aprovechado suficientemente por las empresas españolas.
.-  Insuficiente coordinación entre las actuaciones promovidas desde las distintas administraciones.
.-  Falta de cooperación entre las pymes para promover proyectos y actuaciones a favor de la innovación.
.-  Inadaptación del sistema de patentes y de la protección jurídica de los resultados de la investigación para un desarrollo innovador de la empresa.
.-  Escasez de financiación pública para el desarrollo de tecnologías emergentes.
.-  Escasa promoción pública de grandes proyectos multidisciplinares, con participación de empresas, universidades y otros centros públicos de investigación.
.-  Desajuste entre la formación y la capacitación recibida en el sistema educativo y las necesidades de las empresas para innovar.
.-  Exceso de burocracia en el procedimiento para obtener ayudas públicas para el desarrollo de proyectos innovadores en las empresas.
.-  Dificultades en la aplicación de las ayudas fiscales a la innovación.

Más información
.- Descargar en PDF el Informe Cotec 2013