El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una reforma energética que reparte los costes básicamente entre consumidores y empresas eléctricas, con especial incidencia en transporte, distribución y renovables. El objetivo es acabar con el llamado déficit de tarifa, que se crea cuando los ingresos no cubren los costes regulados, y que asciende a más de 26.000 millones de euros. La batería legal se compone de un decreto ley de estabilidad financiera del sistema, un proyecto de ley para reformar la ley eléctrica de 1998, así como ocho decretos y dos órdenes ministeriales.

Los consumidores tendrán que «aportar», en principio, al déficit de cerca de 5.000 millones de euros que se crea cada año, más de 900 millones adicionales, mientras que los recortes en la retribución de distribución y transporte subirán a otros 2.700 millones, que se repartirá al 50% entre las empresas integradas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Eon y Cantábrico) y las renovables. Los Presupuestos del Estado aportarán un máximo de 900 millones de euros para subvencionar los costes extrapeninsulares, frente a los 1.800 millones previstos. En 2014, no habrá ninguna partida añadida para solventar el agujero del sistema.

De hecho, la reforma supone un fuerte recorte para la remuneración de las actividades reguladas -transporte y distribución-, la eliminación del sistema de primas a las renovables y una subida de las tarifas de acceso en el mes de agosto del 6,6%, que se traducirá en un 3,2% en la factura final del usuario doméstico. No obstante, la reforma supondrá en conjunto un aumento de al menos el 8% de la tarifa.

La nueva normativa eléctrica no ha gustado a la Bolsa. Todas las empresas relacionadas con esta actividad caen y con más fuerza las compañías centradas en la actividad de transporte y renovables, así  Acciona se ha dejado el viernes un 8,4%. Gas Natural ha perdido un 7,9%; REE, 7,7%; Enagás, 6,18%; Endesa, 4,68%, e Iberdrola, 3,5%.

Por otro lado, el Gobierno admite que se hiberne parte del parque de los ciclos combinados, medida que afectará del orden de los 6.000 megavatios, de los 26.000 que componen el parque. Sin embargo, Industria no ha incluido finalmente en la reforma energética una rebaja del umbral de potencia de la tarifa de último recurso (TUR), que ahora cambia de nombre para denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, para pasar al mercado liberalizado. De esta forma, casi 18 millones de hogares podrán mantenerse en la tarifa regulada, establecida por el Gobierno, y cuyo límite se sitúa en los 10 kW (kilovatios).

Los recortes, que entrarán en vigor de inmediato, se basan en una rentabilidad que el Gobierno considera «razonable»: el 4,5% más 200 puntos básicos para transporte y distribución. Las renovables tendrán que ir al mercado sin cobrar una tarifa hasta ahora por lo que generen, pero recibirán un complemento por la inversión que realizaron y siempre que mantiengan una mínima producción. El complemento para cada tecnología se establecerá en función de costes estándares para cada una.

Estos recortes se regularán a través del decreto de estabilidad financiera que además fija un tope de 500 millones de euros de déficit para cada año para desajustes imprevistos.

Las empresas de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) han expresado su «total desacuerdo» con las medidas adoptadas en la reforma energética, que, advierten, «les obligan a una drástica reducción de empleo y a replantearse sus inversiones en España».  La patronal calcula que sobre las empresas de Unesa recaen 1.000 millones de euros del «esfuerzo adicional» de unos 2.700 millones de euros que las medidas anunciadas este viernes suponen para el sector eléctrico en su conjunto.

Así, según la asociación, el conjunto de medidas para gestionar el déficit de tarifa aprobado hasta ahora por los diferentes gobiernos supone un recorte de ingresos para el sector eléctrico del entorno de los 5.700 millones de euros en este ejercicio. «Las medidas anunciadas por la Administración agravan aún más la situación económico-financiera de las empresas de Unesa, al seguir mermando las retribuciones de todas sus actividades y al obligarlas a seguir financiando déficits relevantes durante 2013», indica la asociación en un comunicado.