Un tercio de la economía sumergida en España es consecuencia del fraude en materia laboral (los dos tercios restantes son fraude fiscal), que se estima en torno al 8% del PIB y al menos un millón de puestos de trabajo. Si esta situación se regularizara, el paro disminuiría en 3,7 puntos. Combinado con el descenso de la población activa, el afloramiento de la economía sumergida provocaría un descenso del paro de 10 puntos. Son cálculos de un documento de trabajo de la Fundación de Estudios Financieros, “La economía sumergida en España”, elaborado por Alfredo Jiménez y Ramiro Martínez-Pardo.

La economía sumergida, definida como “una actividad remunerada que, siendo legal en cuanto a su naturaleza, no es declarada a las autoridades públicas, quedando al margen de su control y fiscalización”, en España supone entre el 18,6% y el 20% del PIB, “unos niveles inaceptables”, y muy alejados del 13% de Alemania, el 10% de Francia y Reino Unido o el 7% de Austria, el país europeo que menos sufre este problema, pero también del 30% de Bulgaria, Croacia, Lituania y Estonia, y del 23% de Italia.

La recaudación que se obtendría en España si saliera a la luz oscila entre los 18.000 millones de euros y los 20.000 millones anuales, entre el 1,8% y el 2% del PIB, además de reducir el déficit público en la misma proporción.

El estudio destaca que la construcción, el sector manufacturero y el comercio (tanto mayorista como minorista) son los sectores con mayores cifras de economía oculta. Y subraya la “doble moral” existente en la sociedad española: dos tercios de la población no encuentran justificación alguna para defraudar y, sin embargo, el fraude es generalizado y aceptado.

“Ningún país ha conseguido suprimir la economía sumergida”, apunta Alfredo Jiménez. Ramiro Martínez-Pardo cree que “muchas microempresas no podrían existir en la economía oficial por sus elevados costes”. El estudio vincula la economía sumergida a cinco factores:

1.-el aumento de la carga fiscal

2.-su papel como válvula de escape en situaciones de recesión económica

3.-la falta de conciencia fiscal

4.-la sobrerregulación

y 5.-las rigideces del mercado laboral.

 

Medidas laborales, fiscales, sociales y empresariales

Jiménez y Martínez-Pardo proponen medidas de carácter disuasorio, otras preventivas, y también incentivadoras del compromiso fiscal de los ciudadanos, con propuestas en los ámbitos laboral, fiscal, social y empresarial.

El estudio cree necesario continuar con la reforma laboral, con una mayor flexibilización en la contratación; reforzar el empleo a tiempo parcial y la figura del aprendiz; potenciar el papel de la formación profesional; revisar la regulación sobre salarios mínimos y las políticas activas de empleo.

Y formula cinco propuestas concretas:

1.-mejora de los incentivos para el trabajo declarado

2.-reducción de las cargas sociales en la contratación

3.-mejora de la detección del trabajo no declarado, estableciendo sanciones severas

4.-flexibilización de los procedimientos administrativos para la contratación de trabajadores

y 5.-campañas de concienciación de trabajadores y empresarios.

En el ámbito fiscal, la Fundación de Estudios Financieros propone simplificar las figuras impositivas y ensanchar las bases imponibles, rebajando los tipos del IRPF y del Impuesto de Sociedades; bajar los tipos marginales; la eliminación de las deducciones fiscales; y aumentar la cesta de bienes gravada al tipo general del IVA. El presidente de la institución, Juan Carlos Ureta, cree que “la complejidad fiscal incentiva la economía sumergida”.

El estudio sugiere tipificar como infracción tributaria la oferta de productos y servicios destinados al fraude; exigir la responsabilidad a los despachos de abogados y a los bancos que comercializan productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal; evitar la creación de oportunidades de arbitraje tributario, simplificando la regulación; y adoptar “una posición mucho más beligerante” para acabar con la utilización de los paraísos fiscales.

Pero la propuesta más interesante consiste en “reorientar las actuaciones de la inspección hacia la investigación, en lugar de la mera comprobación de lo declarado por los contribuyentes”, para descubrir “los ingresos ocultos no declarados y los fraudes más graves”.

También, implementar campañas de exigencia y comprobación de recibos a los ciudadanos realizadas a la salida de locales de restauración y de servicios médicos, entre otros, para verificar la correcta facturación del IVA.

 

Fiscalidad en la ESO

La Fundación de Estudios Financieros propone incluir cuestiones fiscales en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) “para inculcar a la juventud que el fraude fiscal es una relevante transgresión de las normas de convivencia y un atentado contra la sociedad”.

Recomienda también medidas para incrementar la dimensión de las empresas españolas, ya que “su pequeño tamaño es considerado como una de las causas de la existencia de la economía sumergida”.

Finalmente, aconseja actuar “especialmente en aquellos ámbitos donde existe una elevada percepción de fraude fiscal”: no facturación de IVA y emisión de facturas falsas; trabajadores sin alta laboral; ayudas y subvenciones cobradas inadecuadamente; operaciones internacionales fraudulentas; declaración de precios de venta falseados; ocultación de capitales, empresas tapaderas y sociedades interpuestas.

Y sugiere el modelo alemán, que obliga a los autónomos a declarar, dependiendo de la actividad, unos ingresos mínimos, “y en el caso de que los reales estén por debajo de ese umbral habría que demostrarlo”.