Las empresas eléctricas integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Eon y Cantábrico-EDP) y otras compañías con intereses en energías renovables, como Acciona, han perdido la batalla para que la reforma energética tuviese en cuenta lo que consideran el marco legal requerido para realizar inversiones con un grado aceptable de rentabilidad. Las consecuencias de las medidas aprobadas por el Gobierno en el Consejo de Ministros del viernes son, en estos momentos, imprevisibles en los mercados y en el propio perímetro del sector, según medios empresariales.

Otra consecuencia previsible se reflejará en las relaciones con el Ejecutivo, quizá con excepción de Endesa, las eléctricas han intentado apoyar las medidas encaminadas a poner fin al déficit de tarifa, como ha puesto de manifiesto en varias ocasiones el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Ahora estimna que no se va a poner fin al agujero del sistema.

Faltan detalles sobre el reparto de las cargas, pero la mismas fuentes apuntan a que todos no les va afectar por igual. Un ejemplo: como la nueva normativa tiene en cuenta las retribuciones pasadas para fijar las nuevas remuneraciones de las renovables, las instalaciones solares -que son más modernas que las eólicas- verán menos reducidas sus retribuciones. Y, como consecuencia, Abengoa y ACS, con intereses en esa tecnología, serían las menos perjudicadas por los cambios.

Los anuncios del Gobierno, por más que esperados tras la reuniones previas del secretario de Estado de la Energía, Alberto Nadal, con directivos de ambos sectores, que se realizaron por separado, tuvieron un efecto demoledor en las Bolsas. También en los responsables de los grupos eléctricos, que analizaron los detalles de las nuevas normas durante el viernes, para intentar calibrar sus efectos económicos, su impacto en la futura estrategia, así como la posibilidad de emprender medidas legales en base a la inseguridad jurídica que se ha podido crear.

Ante el temor de recortes de rating, de huida de inversores institucionales, la respuesta va a ser clara: irán a una reducción del riesgo en España y a un aumento de las inversiones en países y áreas como Gran Bretaña, Estados Unidos o América Latina. La intención, tanto de las eléctricas integradas ubicadas en España como de las centradas en la energía eólica, es a partir de ahora reducir al máximo las inversiones, por lo que, desde ambos sectores se advierte del impacto en la calidad del suministro, y en el propio suministro.

Desde la asociación de energía eólica se señala que los decretos alteran radicalmente los flujos de ingresos de todos los parques eólicos de España, lo que supondrá una cascada de problemas financieros para el sector y, eventualmente, para la banca.

Porque no se trata sólo del parque de generación, que está sobredimensionado, sino también de las inversiones en distribución y transportes, a los que también se la ha metido la tijera. Queda por descifrar muchos aspectos, entre ellos, cómo se abordará la hibernación de los ciclos combinados, medida que afectará a 6.000 megavatios de un parque de 26.000 megavatios. En caso que no consideren aceptable el sistema, se plantean desmontar centrales y los bienes de equipo y maquinaría más valiosa, como las turbinas, y trasladarlas a otros países.