Ésta última circunstancia que en principio no se contempla porque la nueva reforma energética elimina los desequilibrios del sistema eléctrico desde este mismo año.

 Estas medidas aparecen recogidas en el real decreto ley 13/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, en el que se da por cerrada la contribución del Estado vía avales a la colocación de la deuda eléctrica en los mercados a través del fondo Fade. El techo de avales anterior para titulizar la deuda eléctrica era de 22.000 millones, y ahora se elevará para absorber el déficit de tarifa de 2012, de 5.609 millones, 4.109 millones superior al previsto.

    El Ejecutivo explica en el preámbulo del real decreto ley que las nuevas medidas para acabar con el déficit de tarifa son «equilibradas, proporcionadas y de amplio alcance», con el objetivo de corregir de manera «ineludible» os problemas del sistema eléctrico. El ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que el ajuste total será de 4.500 millones, de los que 2.700 corresponderá a los operadores, 900 millones a los consumidores y 900 millones a las cuentas públicas.

Aparte del nuevo mecanismo de financiación del bono social y las metodologías de retribución de renovables, cogeneración, transporte y distribución, el real decreto ley publicado este sábado crea además un nuevo registro para las instalaciones de autoconsumo, reduce la carga impositiva para el uso de carbón con fines ajenos a la producción de electricidad y concede de forma transitoria a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) capacidad para informar de operaciones corporativas en el sector energético, al menos hasta que el Ministerio de Industria esté en condiciones de asumir esta nueva función.

En cuanto a la parte de los costes eléctricos que asumirán los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el real decreto ley indica que «la difícil situación presupuestaria» no permite, como estaba previsto, dotar en 2013 y en adelante los extracostes de la actividad extrapeninsular, ya que esta circunstancia podría «comprometer el cumplimiento de los objetivos de déficit fijados para el ejercicio 2014».

Por este motivo, el Gobierno deroga la disposición adicional primera del real decreto ley 6/2009 y establece que, a partir de ahora, los extracostes eléctricos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, valorados en unos 1.800 millones de euros, solo sean financiados al 50% por las cuentas públicas.

En cuanto al autoconsumo, se crea el nuevo registro para el «adecuado seguimiento» de los consumidores que deseen producir su propia electricidad, al tiempo que se indica que, de forma inmediata, se desarrollará la normativa para la puesta en práctica de esta actividad.

Sobre el nuevo esquema de retribución a las renovables, se indica que el cálculo de la rentabilidad razonable tendrá en cuenta la distribución a lo largo de toda la vida útil de la instalación de los ingresos por la venta de energía valorados a precio de mercado, los costes de explotación estándar y el valor también estándar de la inversión inicial.

En lo referido al bono social, su financiación correrá a cargo de las grandes eléctricas, a las que no identifica de forma expresa, pero sí mediante la alusión a «las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades, que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica». Esta fórmula se refiere a las empresas integradas verticalmente, que son las cinco de Unesa.