Fuerte impacto en las empresas y riesgo de sustantivas subida de tarifas en los próximos años. Los informes de los expertos tras leer con detenimiento la batería legal para reformar el sector energético aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, coinciden en señalar que el efecto para las compañías es mayor de lo esperado. Y que las más perjudicadas son las renovables, especialmente las centradas en la energía eólica, y las centrales de gas -por el pago por capacidad-, lo que afecta más a Gas Natural. Compañías que, como FCC y Acciona, tienen a la venta parte o la totalidad de su división de energía también son vulnerables

Respecto al déficit tarifario, que se crea cuando los ingresos no cubren los costes regulados -y que es el principal objetivo que está detrás de estas normas- estiman que se reconducirá, pero a costa de casi todas las compañías que operan en el sistema eléctrico y de la tarifa. Es más añaden que, aunque como es lógico depende de un aumento del consumo que ahora no se espera, dependerá de que el Gobierno siga aportando a través de los Presupuestos del Estado.

En estos confusa última etapa, que comenzó cuando el jueves el secretario de Estado de la Energía, Alberto Nadal, se reunió con directivos de las eléctricas integradas en Unesa y con Acciona y Abengoa, las informaciones han sido contradictorias. De esa cita, los representantes de las compañías salieron muy preocupados por los cambios que escucharon y además con la idea de que la reforma legal no iba a acabar con el déficit. Y esto ahora no está tan claro, pese a que casi todas las partidas que han creado el déficit permanezcan en el sistema, dada la posición del titular de Hacienda, Cristobal Montoro.

Y es que Industria tenía otro as en la manga. Si se producen desajustes, las empresas, también las renovables, tendrán que financiarlo o irá a peajes, es decir, a tarifas. Además si se supera el límite legal que se fije irá directamente al consumidor. Con todo, el sector financiará los posibles déficits en relación a sus derechos de cobro. Y mientras exista déficit acumulado, los peajes no podrán bajar, con lo cual es difícil que descienda la tarifa.

En consecuencia, algunos brókers y bancos de inversión, como Exane BNP y Barclays, se preocupan por la sostenibilidad de los dividendos, por la posible necesidad de aumentar capital y por la posibilidad de que tengan que realizar más desinversiones. Y habrá más presión sobre los ratings, la financiación y la deuda. En relación a Gas Natural se alerta sobre los recortes de la retribución de la distribución de gas, y recortaría el beneficio por acción entre un 8% y un 10%.

En este contexto, gestores de bancos de inversión y expertos internacionales comienzan a revisar a la baja el valor de casi todas las empresas afectadas. Asi, Credit Suisse ha revisado a la baja sus valoraciones de estas empresas hasta un 13%, y a Gas Natural le ha recortado el precio objetivo de sus acciones de 15 a 13 euros por título. No obstante, esta firma discrimina por compañías y respecto a Iberdrola, pese a reducir su precio objetivo, aconseja sobreponderar sus acciones. Y desde UBS, que también opta por disminuir los precios objetivos, los analistas se muestran más pesimistas respecto a Gas Natural. En principio también lo estuvieron con REE, pero 24 horas después han rectificado.

Por su parte, la agencia de calificación Fitch ha puesto en perspectiva negativa las calificaciones de Iberdrola, Gas Natural, Endesa, Hidrocantábrico, así como las de Enel y EDP por el impacto en sus resultados de las medidas de Industria para acabar con el déficit.

Mientras, las empresas continúan analizando los posibles efectos de la batería legal puesta en marcha en sus cuentas y balances. Y, además de la inevitable caída de ingresos que tampoco tienen totalmente cuantificada en lo que se refiere al reparto, otra idea asumida es que se abren interrogantes respecto al efecto en algunos de sus activos y en la financiación. Desde Espitito Santo se destaca que la conjunción de varios factores podría reducir la capacidad de expansión de Iberdrola y Gas Natural, entre otras. Existen otras dudas: cómo se va a materializar, por ejemplo, la hibernación de los ciclos combinados, aspecto que afecta fundamentalmente a las dos eléctricas citadas.

Pero el caos es más generalizado en relación a la energía eólica, una vez que el Gobierno ha modificado radicalmente el sistema de retribución de estas centrales. Según la Asociación Empresarial Eólica (AEE), las medidas aprobadas vulneran los principios de seguridad jurídica al ser claramente retroactiva, porque cambia las condiciones de las inversiones realizadas por el sector durante más de veinte años. «Vulnera también el principio de rentabilidad razonable, al no cumplir los principios de la CNE y fijarla con criterios arbitrarios», añaden. Acciona se dejaba más de un 7% a primeras horas de la tarde.

Está el llamado efecto retroactivo, que recurrirán, pero que les preocupa, ya que si la rentabilidad  que han obtenido ha sido superior al 7,5% que ahora se establece, no reciban incentivos o se recortarán si ha habido rentabilidades superiores. Porque en opinión de los responsables de la política energética, si ha sido así, es porque las primas han estado mal calculadas.

Para los analistas de Espirito Santo, con la nueva normativa se gana estabilidad a expensas de los beneficios, aunque los expertos del banco portugués añaden que tienen todavía dudas respecto al impacto en cada actividad regulada, con un monto total de recortes de 2.700 millones de euros. Rebajan las recomendaciones de Iberdrola y mantienen el consejo de vender para Acciona y Gas Natural. El impacto de los recortes en el beneficio neto sería para Endesa de 333 millones de euros, para Iberdrola de 255 millones y de 155, 8 millones para Gas Natural. Y para Acciona de 47,7 millones de euros.

En paralelo, el borrador de la nueva Ley del Sector Eléctrico sustituirá el modelo de limitaciones accionariales dentro el capital del operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE). Hasta ahora, la ley 1997 establecía limitaciones de voto por el que ningún accionista podía tener más del 3% de la empresa de transportes, ni más del 1% en el caso de las empresas del sector eléctrico. Sin embargo, el holding estatal no estaba afectado por estos límites y, al contrario, estaba obligado a mantener una participación de al menos el 10% de REE. SEPI tiene actualmente el 29% de la empresa que preside José Folgado.

Este borrador establece, por otro lado, infracciones graves a los inversores que entren en determinadas empresas energéticas sin la autorización del Ministerio de Industria.

Por otro lado, el ministerio espera que el sistema eléctrico cierre el año 2013 con un pequeño superávit de 14,5 millones de euros, frente a la previsión anterior de 16,9 millones, después de acometer un ajuste extraordinario de 922 millones hasta diciembre como consecuencia de la reforma energética. Estos cálculos aparecen recogidos en la propuesta de borrador de orden de revisión de peajes remitida por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella, se contempla una caída de la demanda mayor a la prevista y unos ingresos por subastas de derechos de emisión de CO2 muy inferiores al pronóstico inicial.

La propuesta recoge el incremento de peajes del 6,5% anunciado el viernes por el Gobierno, que se traduce en una subida del 3,2% en el recibo de la luz, así como el efecto del resto de medidas aprobadas, entre ellas la nueva retribución a las renovables, el transporte y la distribución.

La subida de peajes procurará unos ingresos de 401 millones hasta diciembre, mientras que el nuevo esquema para las renovables y la cogeneración tendrá un efecto de reducción de 749 millones en los costes del régimen especial. Las primas al régimen especial ascenderán este año a 9.707 millones de euros, 657 millones más de lo previsto en la anterior orden de peajes, tras un ejercicio de fuerte eolicidad. Sin embargo, este impacto quedará paliado por el recorte de 749 millones del real decreto ley de medidas urgentes publicado el sábado en el BOE

En este contexto, la Comisión Europea ha anunciado este lunes que vigilará si la reforma energética aprobada para corregir el déficit de tarifa plantea “riesgos regulatorios” a la inversión en renovables, no sólo en España sino en el conjunto de la UE.