Después de reivindicar la propiedad nacional sobre los recursos de gas y petróleo, política en que basó en parte la expropiación de YPF a Repsol, el Gobierno de Cristina Fernández ha dado un giro en la normativa para atraer la inversión extranjera hacia el sector. Los dieciséis meses transcurridos desde esa decisión, que está en los tribunales internacionales, la empresa argentina no ha logrado rematar acuerdos sustantivos para desarrollar sus yacimientos. Además, la producción ha disminuido y el país depende más de las importaciones que cuando Repsol gestionaba YPF.

En este contexto, el Ejecutivo de Buenos Aires ha optado por eliminar obstáculos a las multinacionales que inviertan, siempre que sea por al menos 1.000 millones de dólares de inversión directa y se haga en monedas extranjeras para que el país obtenga divisas. Entre las medidas incluidas en al reforma está la libre disposición de los fondos obtenidos por la explotación de los activos. También podrán comercializar libremente parte de la producción.

La reforma tiene como objetivo oficial el logro del autoabastecimiento, aunque algunos expertos creen que se trata de un as logrado por la estadounidense Chevron antes de comprometerse con inversiones para desarrollar el yacimiento de  Vaca Muerta, ubicado en la provincia de Neuquén, y que es la mayor reserva de hidrocarburos del país.