El Gobierno ha afirmado que se reserva el derecho a recurrir al Tribunal Europeo de Justicia (TUE) la decisión de la Comisión Europea de pedir a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del ‘tax lease’ entre 2007 y 2011, según confirmaron en fuentes del Ministerio de Hacienda.

Las mismas fuentes añadieron que la decisión de recurrir o no ante el tribunal europeo aún no está tomada, ya que el Gobierno quiere antes analizar con detalle el contenido de la decisión final de Bruselas, que afecta principalmente a los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no a los armadores ni a los propios astilleros.

En cuanto a la cuantía que podría estar en liza, fuentes del departamento de Cristóbal Montoro no adelantaron ningún importe, dado que, según indicaron, los criterios para el cálculo de las ayudas declaradas por la Comisión ilegales son complejos, por lo que es preciso estudiarlos y analizarlos previamente con Bruselas.

La Comisión tampoco ha desvelado la cifra total de ayudas que deben reembolsarse. El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo la semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005. Bruselas dice que corresponde a las autoridades españolas calcular el importe a devolver.

Por su parte, la asociación de pequeños y medianos astilleros en reconversión, Pymar, ha afirmado que se reserva el derecho de tomar “todas las acciones legales pertinentes” ante la decisión de la Comisión Europea de ordenar a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del ‘tax lease’ entre 2007 y 2011, según avanzó el presidente de la asociación, Alvaro Platero.

“Vamos a seguir peleando por mantener los empleos del sector, unas 87.000 familias que dependen de nosotros, así como por seguir siendo líderes mundiales en construcción naval en este tamaño de barcos”, aseguró Platero en rueda de prensa tras conocerse la decisión de la Comisión Europea.

El PNV pide un plan de construcción naval

Tras conocer la noticia, la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha calificado de “injusta y contradictoria” la decisión de la Comisión Europea de devolver las ayudas del sistema tax lease del que se benefició el sector naval español y ha reclamado un plan europeo de construcción naval e “inteligencia” para recuperar el dinero.

Bilbao ha solicitado que se articule una política europea de construcción naval que defienda al sector frente al “dumping exterior”, especialmente el procedente del sudeste asiático.

Además, ha pedido al Gobierno central “inteligencia y transparencia” a la hora de aplicar la sanción y utilizar el dinero que se recaude “en promover la innovación e incrementar la competitividad de nuestros astilleros”.

Por su parte, los trabajdadores de La Naval de Sestao han afirmado que “seguirán en lucha” y no darán “ni un paso atrás” aunque de la devolución de las ayudas del sistema ‘tax lease’ recaiga únicamente en los inversores y no en los astilleros y armadores.

Esta petición se ha realizado a las puertas del astillero, donde los trabajadores iniciaron un encierro este pasado.

Ayer martes, el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Proposición no de Ley registrada conjuntamente por todos los grupos parlamentarios el pasado 2 de julio en apoyo al sector naval.

La aprobación de la Proposición no de Ley se produjo un día antes de que el Colegio de Comisarios europeos diera esta mañana a conocer su decisión definitiva sobre la devolución de las ‘Tax Lease’.

El comisario europeo de Competencia sólo ha acotado la devolución de las ayudas a los inversores que financiaron las distintas operaciones, algo que tampoco ha satisfecho los intereses españoles.