El cambio de la ley de hidrocarburos aprobado por el Gobierno de Cristina Fernández, que ha permitido que ayer miércoles firmase una alianza con la estadounidense Chevron, conlleva un nuevo y sustantivo obstáculo para alcanzar un acuerdo con Repsol. Un pacto que, sin esperar a las dictámenes de los tribunales en los que se analizará la expropiación del 51% de YPF, ha sido defendido por algunos accionistas presentes en el consejo de la petrolera española.

Y lo dificulta no sólo por la entrada de Chevron en el disputado yacimiento de Vaca Muerta, sino porque las condiciones dadas a la multinacional norteamericana crean un precedente que también habría que aplicar al grupo que preside Antonio Brufau o a otas empresas. En Buenos Aires se ha calificado los artículos modificados de la ley como una traje a la medida de Chevron que, pese a las negociaciones desarrolladas durante meses, no se ha comprometido formalmente hasta que las normas sobre la explotación, distribución y exportación de hidrocarburos no ha sido modificadas.

Otro tema es el precio. Mientras que en la «propuesta de paz» a Repsol, que fue enviada a través de Pemex (controla cerca del 10% del capital), se valoraba a más de 40.000 dólares el acre de Vaca Muerta, Chevron sólo tendrá que pagar del orden de los 13.000 dolares el acre, además en un terreno que ya está en explotación.

«Confiscaron a los españoles para regalar la empresa a los americanos», manifestó este miércoles el diputado de la conservadora Propuesta Republicana (Pro) Julián Obiglio en protesta por el acuerdo con Chevron.