Todo lo que está ocurriendo con las revelaciones del extesorero del PP, Luis Bárcenas Gutiérrez, sobre la financiación del partido gubernamental asombra y deja en segundo plano reformas tan polémicas e importantes como la educativa, que se aprobó el martes 16 de julio en el pleno del Congreso y se tramitará en septiembre con el objetivo de que comience a aplicarse en el curso 2014-2015. En síntesis se trata de reimplantar la reválida al finalizar el cuarto curso de la Enseñanza Obligatoria (ESO) para pasar al Bachillerato, y de superar otra reválida para entrar en la Universidad, con independencia de que luego, cada distrito universitario y cada facultad apliquen sus pruebas de acceso.

Los defensores de este modelo que convierte la enseñanza en una carrera de obstáculos similar a la que ya experimentamos en los años setenta del siglo pasado con Villar Palasí sostienen que algún indicador nos hace falta para medir la calidad educativa, y quizá llevan razón. La opción de orientar a los alumnos hacia la Formación Profesional de segundo grado, que es una enseñanza muy costosa y no ha sido presupuestada en la ley, ya fue establecida por el Gobierno anterior a través de la famosa LES o ley de economía sostenible. Poco han hecho desde entonces por falta de dinero. Ahora, además, se establece un camino sin retorno ni permeabilidad entre la FP y la enseñanza universitaria, lo cual nos deja con cara de tontos.

El cronista ha escuchado a casi todos los comparecientes del sector educativo que han desfilado por la Comisión de Educación del Congreso las dos semanas anteriores al debate de totalidad y, aparte las posiciones a favor y en contra de la enseñanza religiosa y de que el catalán como lengua vehicular no supone ningún problema, como nos quieren hacer ver, incluido Wert, para quienes viven y trabajan en Cataluña, ha sacado en claro la necesidad del consenso político y que el modelo educativo que quieren reimplantar, con aspectos tan burocráticamente novedosos como la calificación de los centros según los resultados de los alumnos, no reducirá el fracaso y la exclusión temprana del 25% de los alumnos, uno de cada cuatro estudiantes.

No por pedir peras al olmo y gritarle “¡Maldita sea!” el olmo las da. Si se trata de mejorar el sistema educativo de poco sirve una ley con buenas intenciones y un sistema discutible que fracasó estrepitosamente en Estados Unidos mientras se detraen 10.000 millones de euros a la enseñanza, un punto del PIB, en tres años y se maltrata a profesores, alumnos y familias necesitadas de ayudas. España había dejado de ser el país de la burricie, y pronto volverá a serlo por unos motivos económicos que han empezado a excluir a decenas de miles de jóvenes del acceso al conocimiento, que es un bien en sí mismo y no sólo una utilidad.

Pero todo este debate tan importante, tan vital y apasionante por lo demás, está siendo solapado por el “caso Bárcenas” y la exigencia de unas explicaciones que con moción de censura o sin ella, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy no está dispuesto a ofrecer hasta el momento oportuno, es decir, cuando haya preparado su relevo y sorprenda a sus adversarios internos, incluido José María Aznar. Medios del PP no descartan que esto ocurra antes de Navidad. Mientras tanto, las revelaciones del extesorero ya han producido un efecto pernicioso: casi todas las reformas anunciadas por el Ejecutivo y la aprobación de la famosa ley de transparencia han quedado paralizadas.