El informe forensic de KPMG sobe la situación de Pescanova y las prácticas realizadas durante los últimos años por los responsables de la compañía ha sido tan demoledor que el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, ha planteado al consejo de administración su dimisión. Aunque estaba apartado del cargo para funciones ejecutivas por decisión de la CNMV, a quien el juez encargado del proceso del concurso de acreedores le encomendó la gestión de la empresa pesquera, Sousa ha ejercido hasta ahora en parte como presidente y había convocado un consejo de administración para el 31 de julio que fue adelantado a este miércoles.

Aunque a los administradores concursales les queda meses en sus puestos hasta que se alcance el acuerdo con los acreedores o, en el peor de los casos, se proceda a su liquidación, la próxima junta de Pescanova deberá decidir sobre la situación creada a raíz de la salida de Fernández de Sousa.

La dimisión estaría relacionada con los cargos a los que se enfrenta por su gestión de la compañía y ante la posibilidad que éstos le conduzcan a la inhabilitación. KPGM, que fue contratada por Sousa, señala en su informe que el responsable de la empresa consentía la ejecución de operaciones irregulares con el objetivo aparente de obtener financiación. Las acusaciones están ademas dirigidas contra otros miembros de la cúpula directiva, quienes habrían conocido o ejecutado en mayor o menor medida las citadas prácticas contables y empresariales.

La  reunión se ha desarrollado en un ambiente de tensión entre los consejeros que siguen apoyando las trayectoria de Fernández de Sousa y los representantes de inversores, como el grupo Carceller o Luxempart, que han presentado demandas contra Sousa y parte de su equipo. Al parecer, de Sousa ha manifestado que no quiere ser un obstáculo para el desarrollo de Pescanova, ahora dirigida por Deloiite, a elección de la CNMV, que negocia con la banca acreedora la refinanciación y quita de deudas que se acercan a los 3.300 millones de euros.

El que fue primer ejecutivo de Pescanova, hijo de unos de los fundadores de la multinacional gallega, se enfrenta varias querellas presentadas y admitidas por la Audiencia Nacional por eventuales delitos como el falseamiento de cuentas anuales y el uso de información privilegiada. Sousa, al igual que hicieron otros consejeros vendió acciones antes de que se hiciese pública la debacle de la compañía.