La reunión del consejo de administración de este miércoles nos sirvió sólo para que Manuel Fernández de Sousa dimitiese como presidente de la compañía, influido por el demoledor informe de Deloitte sobre su gestión y por las demandas que acumula. Fue escenario además del intento de buscar su sustituto en la misma sesión.

Uno de los canditatos al puesto fue José Carceller, que representa al Grupo Damm, segundo accionista de la pesquera, pero no logró el apoyo para el puesto. En su contra, según medios consultados, subyace que su familia y él tiene intereses en el sector de la alimentación y que especialmente, uno de sus socios el alemán Dr Oetker estaría interesado en activos de Pescanova. Sea veraz o no esta versión, lo que sí es cierto que esas relaciones han levantado suspicacias entre los directivos, gestores y accionistas de la empresa gallega que quieren evitar su fragmentación y liquidación.

También se analizó la posibilidad del acceso a la presidencia de Alfonso Paz-Andrade, que, al igual que Fernández de Sousa, está unido a la compañía a través de su padre. Ambas familias estuvieron entre los fundadores de la multinacional gallega.

En este contexto, Deloitte, administrador concursal del grupo, quiere encontrar un presidente antes el 12 de septiembre, pero el problema que tiene que ser consensuado con los dos grupos en los que está dividido el consejo, además de pertenecer a este órgano de gobierno de la compañía. Otra de las características que deberá tener es que controle, o que se rodee de especialistas que sí lo hagan, el complejo mundo en el que se mueve Pescanova. Y, aunque sea difícil, en el área de gestión comercial se asemeje a Fernández de Sousa que, como dicen incluso sus detractores, tiene en su cabeza las claves del grupo: desde como negociar las cuotas en Namibia o Sudáfrica a desarrollar el negocio en América Latina y Estados Unidos.

Pero no es la única tarea que tiene Deloitte para los dos próximos años. La presentación de un borrador del plan de viabilidad y de la marcha de las negociaciones para refinanciar los 3.300 millones de euros de deuda son asuntos más problemáticos. Este plan comprendería, además de un acuerdo financiero que incluiría una sustantiva quita, una inyección de capital y venta de activos.