Muchos partidos plantean la posibilidad de presentar una moción de censura. Son conscientes no sólo que las cuentas del PP no están claras y que el presunto delincuente (como le llaman) tiene mucha más credibilidad que el presidente del Gobierno y los altos dirigentes de su partido.Además creen interpretar a una parte mayoritaria de la sociedad que les gustaría que Mariano Rajoy explicara no sólo lo que pasa si no por qué pasa.

Por una parte es curioso que durante todos estos años nadie había planteado promover esta figura parlamentaria para denunciar el escandaloso incumplimiento del programa de los populares en su gestión gubernamental. Su compromiso con una sociedad que les ha dado una amplia mayoría absoluta se ha convertido en una soberana tomadura de pelo, pero esto no parece causa suficiente para denunciarlo.

Cuando Pérez Rubalcaba recaba apoyos para una hipotética moción de censura trasmite la sensación que es más una maniobra para fortalecer ante los suyos su debilitado liderazgo que por otra cosa. Lo utiliza como una especie de salvavidas personal. Máxime teniendo en cuenta que las mociones de censura en España tienen carácter constructivo por lo que hace falta que un candidato alternativo presente su programa. Difícilmente la mayoría de partidos pueden avalar la propuesta del dirigente socialista, por lo que no deja de ser un brindis al sol.

Otra cosa sería si la propuesta de Rubalcaba incluyera la candidatura a la presidencia del Gobierno a un candidato independiente cuyo programa se limitara a proponer disolver las Cámaras y convocar elecciones. Era la propuesta que hacia Alfonso Armada un 23-F de infausto recuerdo. Cabe recordar que la Constitución no pone como condición el ser diputado para presidir el Gobierno (Hernández Mancha fue candidato en una fracasada moción de censura i no tenía escaño en el Congreso.

Ahora –a diferencia de el subterfugio de los golpistas- esta propuesta no sólo sería democrática sino que incluso podría prosperar, sobre todo si se planteara como una denuncia a la corrupción y a los políticos corruptos.  Quizás si se planteara en estos términos algunos diputados populares podrían optar por seguir su carrera política y no votar con los presuntos corruptos, lo que acabaría con la dictadura de la mayoría absoluta y se recuperaría la máxima constitucional de que un diputado “no estarán ligados por mandato imperativo” con lo que podrían romper la disciplina de partido.

Esta propuesta es una  utopía. La pregunta es si realmente las fuerzas políticas están dispuestas a acabar con este estado de corrupción que parece que ha salpicado (en mayor o menor medida) a todos. Y la respuesta –si hablan con sinceridad por una vez, posiblemente están encantados con el actúa statu quo. Por ello no es de extrañar que para muchos Bárcenas tenga una credibilidad mayor que Rajoy.