Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que los servicios jurídicos y financieros de los ministerios de Hacienda e Industria ya están trabajando en el análisis de la resolución de esta semana de la Comisión Europea.

El Gobierno ha dado la «instrucción» al ministro de Industria, José Manuel Soria, de «convocar inmediatamente a los representantes de las tres comunidades autónomas, sindicatos y patronales para consensuar la estrategia a seguir a partir de ahora», señaló.

Tanto Industria como Hacienda, aseguró, tienen «analizadas y estudiadas las consecuencias de orden «jurídico y económico», aunque «indudablemente lo primero en este momento» es fijar la posición de los afectados. «Siempre hemos ido con ellos en este proceso», explicó, antes de destacar que los agentes españoles ha «trabajado muy bien» y hecho «un gran esfuerzo».

Sáenz de Santamaría dijo que «está fuera de toda duda la implicación del Gobierno en su conjunto, empezando por su presidente, en la defensa del sector», e insistió en la «cooperación» existente con las comunidades autónomas afectadas y el sector, al que consideró «clave».

El objetivo español, explicó, será «defender los 85.000 puestos de trabajo, defender un sector con futuro en España y Europa, y defender la propia estrategia empresarial de un país que puede aportar mucho valor añadido».

«Por nosotros no va a quedar» la adopción de «cuantas medidas sean necesarias» para defender la posición española y «me consta que los gobiernos autonómicos también» comparten esta posición, añadio.

Otro de los objetivos del Gobierno es transmitir «confianza a los inversores para un sector que ahora tiene un sistema perfectamente legal y acreditado», y que debe disponer de una «plataforma para seguir trabajando», dado su carácter «competitivo» y su capacidad para generar «valor añadido».

Fuentes de la Administración ha señalado a Ep que antes de presentar el recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE no sólo hay que tener claros los argumentos, sino también la «factura» que tendrá que pagar el sector naval español.

Este cálculo, que tendrá que realizar el Ministerio de Hacienda, podría llevar «semanas», pues se trata de un proceso complejo en el que habrá que analizar uno a uno 200 expedientes de compra de buques y coordinarse con Bruselas para «tener claros los criterios» con los que concretar la deuda de los astilleros. «Hay dos meses de plazo para recurrir», precisaron las mismas fuentes.