Si el proceso sigue adelante en unas premisas similares a las que ahora se acoge el Ejecutivo que preside Enrique Peña Nieto, Petróleos Mexicanos (Pemex) va a atravesar en los próximos meses -durante el último trimestre de 2013- la etapa más relevante desde su nacimiento, cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera en 1938, que estaba repartida entre varios empresas, y creó este grupo estatal. Un grupo que ha sido y es la columna vertebral del Estado, su fuente de financiación y que permanece protegido por la Constitución.

Pero Peña Nieto parece convencido llevar a cabo esta conflictiva operación, pues opina que una mayor proyección de Pemex redundaría en la modernización del país -que precisa una reforma fiscal- y que es vital para que la empresa gane en competitividad, con la entrada de socios que dinamizarían la capacidad de sus yacimientos, ya sea a través de inyecciones de liquidez como de tecnologías, o ambos factores unidos.

En este contexto se plantea una profunda reordenación energética que, dependiendo de su alcance, precisaría de una reforma constitucional. Es un elemento añadido, pero no baladí, ya que está provocando una tormenta política que amenaza con desestabilizar los apoyos al Gobierno, en la medida en que no todas las fuerzas políticas que suscribieron el Pacto por México el pasado 2 de diciembre están a favor de la privatización de la compañía estatal. En contra está precisamente el PRD, fundado por Cuauhtemoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas. Por el contrario el PAN, partido del ex-presidente Vicente Fox, ha presentado una iniciativa para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el fin de que el capital privado, nacional y extranjero, pueda entrar en la industria petrolera.

Esta propuesta, que había sido defendida durante otras presidencias del país, se apunta a su favor el declive del grupo en cuanto a producción y los malos resultados económicos, así como la escasa liquidez que el Estado le deja para invertir. Con todo, con una producción de 2,5 millones de barriles al día, se encuentra entre los ocho mayores productores del mundo, y con su enorme dimensión y potencialidad está despertando el interés de las multinacionales del sector de todo el mundo, desde la anglo-holandesa Shell, la estadounidense Mobil a los conglomerados rusos y chinos. Desde hace pocos meses, hay una movilización general de expertos al acecho de cualquier paso.

Pero México tiene una característica muy acusada: su profundo nacionalismo, por lo que en esta reforma, que mira a modelos como el de la brasileña Petrobras o el de la noruega Statoil, los inversores nacionales van a tener un fuerte protagonismo. En esta línea, en medios económicos de ese país se apunta a que son varios los empresarios locales los que también toman posiciones ante lo que se decante como el movimiento más importante de la industria petrolera mundial de los próximos meses.

En la lista figuran personas como el ex-presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, así como el magnate Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta. Slim, que ya basó parte del crecimiento de sus fortuna en el área de las telecomunicaciones con la privatización de Telmex, está aumentando sus intereses en la actividad de los hidrocarburos. No es que sea una área nueva para él, ya que cuenta con la sociedad Tabasco Oil Company, controlada por el grupo Carso, que está dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos en América Latina, y que tiene intereses en Colombia y ahora Guatemala, entre otros países. Además el grupo Carso, su holding bandera que emplea a más de 160.000 personas, ha mantenido desde hace años una relación estrecha con Pemex en actividades como el alquiler de plataformas petrolíferas off-shore.

Y aunque pueda parecer una anécdota, Slim, que tomó un 8% del capital de YPF por un canje de deuda, ha mantenido un cierto papel relevante en el último intento de la empresa argentina de lograr de Repsol una paz pactada a cambio de una participación en el yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia argentina de Neuquén. Fue una propuesta del Gobierno de Buenos Aires y el equipo directivo de YPF, que fue intermediada por Pemex, con el respaldo de Slim.

Es más, a las reuniones entre el presidente de YPF, Miguel Galuccio, y el de Pemex, Emilio Lozoya, en Buenos Aires que tenían como objetivo la presentación de la citada oferta a la presidencia de Repsol, se unió también Juan Manuel Abal Medina, asesor de Slim.