Ahora la Generalitat deberá decidir entre tres alternativas: recurrir al Supremo, convocar un nuevo concurso o adjudicar a Agbar la gestión. Acciona, que abonó mil millones de euros al gobierno catalán, ya ha anunciado que reclamará daños y perjuicios.

El guirigay en el que se ha convertido la primera gran privatización de la Generalitat de Cataluña no cesa tras recibir un nuevo varapalo la adjudicación a Acciona de la gestión de la empresa Aguas Ter-Llobregat (ATLL). El gobierno de Artur Mas podría decidir el próximo martes interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de invalidar el concurso mediante el que Acciona, junto al banco de inversión brasileño BTG Pactual logró la gestión de la compañía pública, una invalidez que fue dictaminada por un organismo de la propia Generalitat. Así, el TSJC ha desestimado los recursos de la Generalitat, la propia ATLL y Acciona contra la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) del pasado 3 enero que dejaba sin efecto la oferta de Acciona en la adjudicación de la gestión de la ATLL, por lo que refrenda la decisión el OARCC de que la oferta de Acciona no es admisible.

Esta resolución judicial avala algunas de las tesis de Aguas de Barcelona (Agbar), perdedora del concurso y la compañía que recurrió al organismo de la Generalitat que vela porque los procesos contractuales de la administración catalana sean impolutos. Con la privatización de la empresa pública ATLL, la Generalitat ingresó mil millones de euros abonados por Acciona como primer pago de la adjudicación, lo que permitió al gobierno de Mas reducir el déficit autonómico unas cinco décimas en el año 2012.

Recursos invocan daños por la anulación

La decisión del TSJC se debe a que la normativa europea vela por evitar que se mantenga por la vía de los hechos consumados una decisión durante el tiempo que se tramita un litigio «en perjuicio de los contratistas injustamente desplazados». Ahora, la Generalitat y el consorcio adjudicatario inicialmente, liderado por Acciona, pueden presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, un extremo que ya anunció el gobierno catalán que haría si el TSJC desestimaba este último recurso, como así ha ocurrido. Los recursos invocaban los daños que se derivarían de la anulación del resultado del concurso público por lo que respecta a la repercusión en las finanzas de la Generalitat, así como a perjuicios para el servicio de agua a los consumidores y para los trabajadores de la ATLL. Eso, sin contar con la anunciada reclamación de daños y perjuicios realizada por Acciona en el caso de que la compañía tuviera que prescindir de la gestión de ATLL.

En cambio, el TSJC argumenta, con un voto particular en contra, que no se puede constatar que el mantenimiento de la decisión del organismo de la propia Generalitat que vela por las contrataciones, la OARCC, comporte daños de suficiente entidad porque los perjuicios se limitarían al proceso de transición a un nuevo concesionario, ya que la ley obliga a seleccionar un nuevo contratista. En concreto, la resolución del TSJC expone que el estado actual de la situación lleva a una primera hipótesis consistente en que el servicio sea concedido a la segunda licitante (Agbar), y «si esta hipótesis no prospera, el servicio deberá ser objeto de nueva licitación». El fallo del alto tribunal de Cataluña añade que no se puede descartar una evolución negativa de la situación que comporte perjuicios, que pueden ser eventualmente desproporcionados, pero «esta posibilidad es por ahora hipotética e incierta», por lo que es insuficiente para fundamentar una medida cautelar contra la resolución del OARCC.

El Govern decidirá el martes durante su reunión semanal del consejo ejecutivo si recurre la última interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre la suspensión cautelar de la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). En caso de seguir el criterio de la OARCC, según la Generalitat, el concurso debería declararse desierto, ya que Aguas de Barcelona (Agbar) tampoco cumple los requisitos para ser beneficiaria de la adjudicación.

Que vuelva a ser pública

La portavoz de ICV, Laia Ortiz, ha instado al gobierno catalán a recuperar la gestión pública del agua. En un comunicado, ha afirmado que el agua no debería ser un negocio para Acciona ni para ninguna otra empresa, y ha considerado que la resolución muestra que la adjudicación ha sido «un fiasco jurídico, político y económico». La portavoz de ICV, que gestionó en los sucesivos tripartitos que gobernó la Generalitat con Maragall y Montilla, ha reclamado que se remita el expediente a la Mesa de Contratación, que se declare desierto el concurso, y que se devuelva ATLL a la titularidad pública, además de preguntarse «qué consecuencias tendrá para las arcas de la Generalitat» la anulación de la adjudicación.