Un experto de Caser pide planes de pensiones obligatorios en las empresas

23/07/2013

Miguel Ángel Valero. Manuel Álvarez, director del Observatorio de Pensiones, propone un sistema mixto en el que, por encima de los 25.000 euros anuales, el trabajador haga aportaciones

Para Manuel Álvarez, director de Particulares Vida y Pensiones y del Observatorio de Pensiones de Caser, la reforma de las pensiones “es crucial para el presente y el futuro de la sociedad”. En su obra “Un sistema de pensiones sostenible”, editada por el Observatorio, subraya que “el camino de los recortes periódicos conduce a la pobreza”, por lo que no plantea recortar prestaciones, sino de establecer una fecha límite tras la cual las bases de cotización a un sistema público de pensiones tengan un tope más bajo del actual: 25.000 euros anuales. Por encima de esa cifra el trabajador debe realizar aportaciones a un plan de pensiones de empleo mixto: de aportación definida para la jubilación, y de prestación definida para fallecimiento e invalidez.

Todo empleado ha de tener acceso a un plan de empleo en el que, al menos, él mismo pueda efectuar aportaciones para su jubilación”, señala Álvarez. Este sistema impulsaría de forma definitiva los planes de pensiones, ya que los trabajadores que ya tienen productos individuales podrían movilizarlos a los de empleo, obteniendo sustanciales reducciones de comisiones. El resultado sería “una previsión social más equilibrada entre la protección pública y la privada”.

Manuel Álvarez propone 15 pasos para reformar el sistema de pensiones:

1.-calcular el coste de reposición bajo el actual Régimen General de la Seguridad Social por contingencias

2.-subir las cotizaciones hasta alcanzar el nivel de sostenibilidad del sistema público

3.-cambiar hacia un sistema de aportación definida no financiera, que garantice el valor final de lo aportado a los trabajadores

4.-revisar y simplificar los regímenes especiales de Seguridad Social

5.-garantizar mínimos a aquellos que no tengan acceso a una pensión digna, con cargo a los Presupuestos Generales.

6.-imputar gradualmente las cotizaciones íntegramente a los empleados, garantizando una transparencia entre contribuciones y prestaciones.

7.-bajar la base de cotización máxima al sistema público, para limitar la distribución inversa de la renta

8.-remitir a los cotizantes activos el valor final de sus contribuciones sociales y su equivalente en pensión tras la jubilación

9.-informar a los cotizantes de la contribución óptima a un plan de pensiones complementario

10.-reformar la previsión complementaria privada

11.-todas las empresas con más de cinco empleados deben ofrecer obligatoriamente un plan de empleo, en el que la contribución fundamental sea voluntaria y por parte del trabajador

12.-revisar las pensiones causadas para no permitir excesos entre prestaciones y aportaciones

13.-mejorar la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para limitar su volatilidad y su asunción de riesgos

14.-reformar la contabilidad y la auditoría de cuentas del sistema público de pensiones

y 15.-evitar que los ajustes de los Presupuestos Generales del Estado dañen el sistema de pensiones.

Esta reforma debe buscar la sostenibilidad, entendida como un equilibrio entre lo que cada ciudadano aporta y lo que recibe, teniendo en cuenta “a las generaciones futuras, que no deben cargar con los desbarajustes económicos del pasado”, señala Manuel Álvarez.

 

Reforma, no parches

Manuel Álvarez señala que una de las formas de recortar las pensiones es retrasando la edad de jubilación, “fórmula que se está generalizando en Europa”, o endureciendo los requisitos de acceso a ésta. Esta opción la elegida por el Gobierno de Zapatero en agosto de 2011, tiene la gran ventaja de que no sólo aumenta el número de años cotizados, sino que además reduce los años de percepción de la pensión. Pero también tres inconvenientes:

1.-no tiene impacto a corto plazo en el sistema, porque no afecta a los ya beneficiarios

2.-genera un agravio comparativo entre los que se jubilaron antes de la reforma y los que lo hacen después, que tienen que cotizar más para percibir menos

y 3.-perjudica más a las personas con menor esperanza de vida tras la jubilación, que suelen ser las de menor renta.

Sobre el estudio encargado por el Gobierno, el director del Observatorio de Pensiones de Caser deja muy claro que “discrepo del informe, pero no de los expertos, porque no se les ha planteado una reforma del sistema de pensiones, sino fórmulas para que no descarrile”.

 Mientras aplaude el factor de equidad intergeneracional propuesto por este grupo de expertos porque “no limita ni impide una reforma profunda del sistema”, critica el factor de revalorización anual porque “genera incertidumbre a la hora de calcular pensiones públicas a largo plazo”, lo que también dificulta que un ciudadano sepa cuánto tiene que ahorrar para complementarla con una pensión privada.

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