La batalla por el suministro de agua de Barcelona empieza una nueva etapa tras decidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuestionar la adjudicación a Acciona de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATR), en base a la demanda legal presentada por la empresa Aguas de Barcelona que había perdido el concurso. Para Agbar, que está a la espera de la decisión de la Generalitat de seguir con los recursos, esta decisión podría suponer la anulación del concurso y la apertura de otra nueva convocatoria. Pero si el concurso se revierte, el Gobierno que preside Artur Mas tendría que devolver los casi los 300 millones de euros que pagó a la Generalitat el pasado año.

Y es que Agbar solicitará a la Generalitat que ejecute la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) sobre la adjudicación, que en enero dictaminó que la oferta de Acciona es nula y debe adjudicarse de nuevo o entregarla al segundo licitador.

No obstante, esa no es la opinión de Acciona que no comparte el optimismo de Agbar. El grupo controlado por la  familia Entrecanales señala que la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por la que se desestima el recurso contra la anulación de la solicitud de medidas cautelares presentadas por ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya (ATLL) por la adjudicación del contrato de gestión y prestación del servicio público de la red de abastecimiento de agua de Ter-Llobregat, a BTG y Acciona Agua, no elimina la validez de la concesión. Añade que además no reviste carácter firme, al ser susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo.

En este contexto, BTG Pactual y Acciona Agua ratifican que la oferta del consorcio ganador cumple con todos los requisitos legales de la licitación, así como con las condiciones del pliego del concurso. En esta línea confían en que así quedará demostrado al término de los procesos judiciales en curso, en los que se harán valer las acciones jurídicas sean precisas para acreditarlo, y cuyos pronunciamientos definitivos se encuentran aún pendientes.

Además Tribunal Superior de Justicia de Cataluña indica que, durante los procesos abiertos, deberá examinarse el carácter de la oferta liderada por Agbar. Como consecuencia «será necesario analizar los defectos que ésta presenta en relación con las condiciones establecidas por el procedimiento de licitación y la legislación de competencia».

Por tanto, el contrato firmado el 27 de diciembre de 2012 entre la Generalitat de Catalunya y ATLL continúa siendo a la fecha un contrato jurídicamente eficaz y vinculante para las partes, tal y como lo ha reconocido el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al desestimar la solicitud de medidas cautelares formulada por la empresa Agbar, que pretendía la suspensión de dicho contrato.

Por otro lado, Acciona, que ha estado en el ojo del huracán bursátíl tras aprobar el Gobierno la reforma energética, experimenta un respiro y ha subido en Bolsa