La compañía ofrece estas partidas antes de impuestos y sin incluir aún el recorte al régimen especial, en el que participan las renovables. La nueva metodología de retribución a renovables está aún pendiente de que se definan los costes estándares de referencia, por lo que Iberdrola no puede conocer su impacto.

   Iberdrola calcula además que su aportación acumulada para reducir el déficit de tarifa asciende hasta la fecha a 5.300 millones de euros, entre los que se incluyen los impuestos en vigor desde enero y la revisión metodológica de la retribución a las renovables de comienzos de año.

Durante una conferencia con analistas, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, aludió además a la contribución de Iberdrola mediante impuestos a las arcas públicas. «De todos los impuestos, el 49% corresponde a España, pese a que la contribución de este país al beneficio neto del grupo en 2012 fue de tan solo del 30%», indicó.

Sánchez Galán también consideró que el «auténtico problema» del sistema eléctrico ha sido el «crecimiento exponencial» de tecnologías «ineficientes» como las «solares» y la inclusión de partidas en la tarifa «con contenido social» y no relacionadas con la actividad eléctrica.

Además, consideró que el Gobierno «tendrá que hacer un esfuerzo de diálogo» en la tramitación de la normativa eléctrica y advirtió de que, en el caso de la distribución, se está ofreciendo una «rentabilidad insuficiente al coste de capital».

Como parte de los esfuerzos impositivos, la compañía ha pagado 208 millones más de impuestos en España por los nuevos impuestos eléctricos en vigor desde enero, y espera que la carga fiscal vaya en aumento en 2013.

Sánchez Galán no descartó la presentación de recursos contra la nueva regulación «para defender los intereses de los accionistas» e indicó que en octubre, cuando se desarrolle su contenido, Iberdrola podrá ofrecer una previsión en profundidad de su negocio a futuro.

«CINCO KILOS» DE NORMAS.

Durante la conferencia con analistas, el consejero-director general de Iberdrola, José Luis San Pedro, describió el contenido de la nueva reforma, pero con la cautela de no poder detallar el alcance total de una normativa que pesa «cinco kilos encuadernada a doble página» y que incluye siete reales decretos, tres órdenes ministeriales y una orden de peajes, aparte del real decreto ley ya publicado y del anteproyecto de ley eléctrica.

En todo caso, señaló que el reparto de la solución al déficit de tarifa fijado «está lejos de la proporcionalidad» anunciada por el Gobierno, de un tercio para la Administración, un tercio para las empresas y un tercio para los consumidores. Sin embargo, desde 2012 las empresas han asumido un 72% de la carga, frente al 9% de la Administración y el 19% del consumidor, indica Iberdrola.

COMPLICACIÓN Y DISCRECIONALIDAD EN RENOVABLES.

Al analizar las distintas medidas, San Pedro señaló que la nueva metodología de retribución a las renovables puede ser «un buen principio» si el proceso es «transparente y no discriminatorio».

Sin embargo, advirtió del «exceso de discrecionalidad» en la fijación de los estánderes de retribución de las renovables». «Ignoro cómo van a calcular los costes estándares» y eso «puede dar origen a cualquier arbitrariedad», advirtió.

Para Iberdrola, el nuevo régimen para las renovables debe procurar una «rentabilidad razonable», que se calcule «a precios de mercado y no pueda ser rebajada de una forma tan drástica sin ningún tipo de explicación».

VULNERACIÓN DE DIRECTIVAS.

Sobre la nueva metodología para la actividad de distribución, San Pedro aseguró que «no cubre ningún coste de capital» y «no se atiene a la directiva europea que regula los principios de inversión» en esta área, ya que no procura «suficiencia de ingresos» ni «incentivos a la inversión garantizando la estabilidad financiera de las compañías».

Además, dijo que en «todos los países» del entorno, incluidos Alemania, Reino Unido o Italia, la distribución se retribuye conforme al capital empleado y no a partir de un diferencial sobre el bono soberano, lo que supone «una especifidad regulatoria» sin «ningún fundamento racional».

San Pedro consideró que el impacto del recorte a la distribución puede alcanzar los 115 millones anuales y advirtió de que «paralizar tanto tiempo» esta actividad puede tener «consecuencias nefastas para el país», ya sea por el daño a las empresas suministradoras de equipos o la ralentización del despliegue de la generación distribuida y el autoconsumo.

PAGOS POR CAPACIDAD Y DÉFICIT.

En cuanto a los pagos por capacidad, criticó que los 10.000 euros por megavatio (MW) instalado no solo suponen un recorte con respecto a los 26.000 euros actuales, sino también con respecto a los 40.000 euros que llegaron a cobrar las instalaciones de respaldo. «Se da la paradoja de aplicar reducciones cuando el sistema requiere más potencia firme».

Por otro lado, el directivo expresó su confianza en que en 2013 apenas se produzca déficit de tarifa, una vez recibido el crédito de 2.200 millones instrumentado por el Gobierno. La obligación de que en 2014 cualquier posible desajuste sea financiado por todas las empresas con actividad regulada «quita además mucha presión» a Iberdrola, añadió.