Después de meses de respaldo a los objetivos señalados por los responsables de la política energética, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se ha mostrado defraudado tras conocerse los decretos y el borrador de ley que tienen como objetivo una reforma del sistema eléctrico. En la conference call con analistas para la presentación de los resultados del primer semestre de 2013 celebrada este miércoles, 24 de julio, Galán ha señalado que el paquete normativo tiene limitaciones «al no tener en cuenta elementos básicos de la política energética, como son unos objetivos económicos y medioambientales; previsiones de demanda; planificación de infraestructuras de red, o una definición del mix energético objetivo».

No obstante, fue más receptivo a algunos puntos de las normas que el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, que se mostró ayer martes muy decepcionado. Galán estima que el paquete de medidas aprobado el pasado 12 de julio “no sólo elimina el problema del déficit de tarifa estructural, sino que también proporciona mecanismos para evitar su generación a futuro, estableciendo, además, que los posibles déficits coyunturales que puedan producirse sean financiados por todos los agentes».

Si bien tampoco en este área lo percibe todo positivo, ya que opina que se exige un esfuerzo no equitativo en la solución al déficit de tarifa, que recae principalmente sobre los agentes que no lo han generado ni han sido responsables de su planificación. Volvió a destacar que el auténtico problema del sector eléctrico en España es el crecimiento exponencial de las primas a tecnologías ineficientes y no maduras, como son las solares, que aportan al sistema un 4% de la energía total, pero que encarecen la energía del sistema en un 30%.

El presidente de la compañía citó además intervenciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, y del secretario de Estado de la Energía, Alberto Nadal, en las que exponían unas críticas al funcionamiento del sistema que requerían unas soluciones que ahora no se recogen en la batería legal aprobada. En esta línea insistió en que se mantienen las transferencias de rentas de los sectores más eficientes a los ineficientes. “No parece razonable que tengamos que parar o cerrar instalaciones que producen a 50 euros para que sigan produciendo las que cuestan 450 euros ni que se sigan manteniendo e incluso incrementando las obligaciones ajenas al suministro con las que sigue contando la factura eléctrica”, añadió.

En lo que coincidió con Villaseca es en la crítica a las medidas que establecen «unas rentabilidades para las actividades reguladas insuficientes e inferiores al coste del capital». “De esta forma, se desincentiva la inversión en un sector, como es el de la distribución de electricidad, generador intensivo de empleo altamente cualificado», concluyó. Galán llamó, no obstante, al diálogo con el Ejecutivo y otros posibles interlocutores de cara a la tramitación de la ley.

Por su parte, el consejero director general de Iberdrola, José Luis San Pedro, afirmó que con la reforma energética no se cumple el equilibrio de esfuerzos anunciado dado que las compañías han asumido el 72% del ajuste total, los consumidores el 19% y la Administración apenas un 9%. En su opinión, la nueva regulación es extremadamente complicada y no permite hacer una evaluación ni siquiera aproximada de la retribución esperada para cada una de las tecnologías, dado que deberá completarse en los próximos meses y dependerá de la estimación a largo plazo de los precios de mercado que se realice.