En la Comisión de Economía del Congreso, Guindos ha concretado que el arbitraje ha resuelto 28.000 laudos positivos en NGC Banco, unos 3.000 en Bankia y casi 12.000 en Catalunya Banc, lo que arroja casi un total de 45.000 laudos.

«Esperamos que así se pueda compensar a los ahorradores que nunca debieron recibir estos productos», ha dicho Guindos, tras recordar además que el Gobierno ha introducido medidas que elevar la transparencia en la comercialización de productos complejos, como las preferentes.

Guindos ha repasado las reformas que ha acometido el Ejecutivo para reestructurar el sistema financiero, y ha recordado que los informes de la Comisión y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han coincidido en la «correcta aplicación» que se está haciendo del Memorando de Entendimiento firmado a raíz de la ayuda europea para sanear la banca.

En concreto, ha asegurado que las dos instituciones han valorado los «importantes avances» del proceso de reestructuración y el refuerzo de la posición de liquidez del conjunto del sistema financiero, así como los progresos en el marco normativo del sector.

«La recapitalización ha sido completada y el ejercicio de gestión de productos híbridos y deuda subordinada ha finalizado», ha dicho el titular de la cartera de Economía, tras recordar que los inversores minoristas que recibieron acciones de Catalunya Banc y NCG Banco han podido acceder a la provisión de liquidez del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

En este sentido, ha asegurado que, hasta la fecha, el FGD ha destinado 801 millones de euros a la operación de canje de las participaciones preferentes y deuda subordinada de NCG Banco y 1.000,9 millones de euros a la de la entidad catalana.

Por otro lado, el ministro ha recordado la puesta en marcha de la Sareb, que ya ha iniciado su actividad comercial con la venta de más de 1.800 inmuebles con un valor superior a 137 millones de euros. Además, ha puesto 8.000 viviendas en alquiler, que han dado rentas por más de 25 millones y cobros por cerca de 700 millones de activos financieros.

«Su puesta en marcha ha sido y es clave en la reforma financiera», ha subrayado el ministro, quien ha querido destacar también el esfuerzo en transparencia que ha hecho el Gobierno, con la limitación de las remuneraciones de los directivos, el código de bueno gobierno y la creación de la comisión de expertos de buen gobierno que propondrá medidas en este sentido.

 380 daciones en pago

Para afrontar la situación de los deudores hipotecarios, Guindos ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido el primero en implementar medidas para proteger a los que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca con un código de buenas prácticas que ha permitido ya 380 daciones en pago y más de 1.100 reestructuraciones de deuda.

Además, aprobó un decreto para evitar el desalojo de las familias más vulnerables y puso en marcha un fondo social con casi 6.000 viviendas en alquiler al que ya se han acogido 300 familias a falta, a falta de incorporar los datos del último trimestre.

 «La situación es muy diferente a la de hace año medio», ha dicho el ministro quien, sin embargo, ha recordado que uno de los retos pendientes es la financiación de las pymes, para lo que el Gobierno trabaja en dos frentes: el ICO y las nacionalizadas.

En este sentido, ha asegurado que el ICO ha acelerado de forma notable el uso de sus líneas de mediación, puesto que en los dos últimos meses ha dado tanto crédito como en los cinco meses anteriores. Asimismo, ha asegurado que las nacionalizadas han concedido crédito por valor de 16.000 millones hasta junio.

 Nueva Ley financiera en el cuarto trimestre

De la misma forma, ha recordado que a nivel europeo se trabaja en iniciativas que permitan con apoyo a través del BEI y de los fondos estructurales y que el Gobierno aprobará una nueva ley financiera en el cuarto trimestre para mejorar las condiciones de financiación bancaria y hacerla más «accesible» a las pymes.

La nueva ley buscará vías alternativas de financiación, mejorará la eficiencia del uso de los vehículos de inversión, flexibilizará el régimen de los fondos de inversión de naturaleza institucional, impulsará mecanismos innovadores de financiación y facilitará el pago a proveedores.