Según explicó el ministerio de Hacienda en una nota, las zonas francas son importantes instrumentos de promoción de las actividades del comercio exterior. Comprenden grandes áreas que incluyen una importante acumulación de empresas, lo que supone una mayor eficiencia logística, un incentivo a la creación de empresas y el desarrollo de relaciones comerciales entre las mismas.
Las empresas que se establecen en una zona franca realizan las operaciones de almacenaje, comercialización y distribución de sus productos en unas instalaciones compartidas de un mayor tamaño, con lo que se generan economías de escala.
Además, como incentivo, dichas instalaciones pueden intervenir de un modo eficaz en el desarrollo y evolución de los medios de transporte aledaños con lo que se puede reducir también los costes de transporte.
La autorización de la zona franca constituirá, según el ministerio, un elemento sustancial para potenciar el desarrollo económico de la zona y un complemento fundamental para el buen fin del proyecto de transporte prioritario indicado.
Las instalaciones han sido incluidas, junto con su Canal de Navegación, en las Redes Transeuropeas de Transporte (Trans- European Transport Network), aprobadas por la Comisión Europea, declarándose como proyecto de transporte prioritario para el futuro de la Unión.
Actualmente, existen en España cuatro zonas francas (Barcelona, Cádiz, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria), a las que se sumará una quinta: la de Sevilla.
Las zonas francas son partes del territorio aduanero comunitario separados del mismo, en los que se puede introducir toda clase de mercancías, pudiendo permanecer por tiempo ilimitado.
En ellas se aplican formalidades aduaneras simplificadas en comparación con las que se aplican en el resto del territorio aduanero de la UE y ventajas fiscales.
Una vez autorizada la creación para la entrada en funcionamiento de la
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