Las investigaciones de la jueza Mercedes Alaya sobre los falsos expedientes de regulación de empleo (ERE) con dinero de la Junta de Andalucía han aflorado nombres que aparecen en otros casos, como el de Eurobank del Mediterráneo y el de la quiebra, presuntamente fraudulenta, de la mutua de seguros catalana ligadas a éste, como Fortiá, o firmas aseguradoras extranjeras. Así, Joan Manuel Vila Lleuger, consejero de Fortiá Vida, que supuestamente sirvió para descapitalizar el banco, era presidente de Apra Leven, aseguradora belga a la que se traspasaron las pólizas de la española. La presidenta de Fortiá Vida era María Vaqué, imputada en el caso Eurobank y en el de los falsos ERE.

El presidente de Eurobank, Eduardo de Pascual, está en prisión por el caso de los falsos ERE, en el que parecen haberse esfumado más de 100 millones de euros. Pero también es el propietaria de la aseguradora Vitalia, implicada de lleno en el escándalo y de la que es filial Fortiá Vida. Las dos aseguradoras intermediaron en prejubilaciones y expedientes de regulación de empleo cobrando comisiones muy por encima de las habituales en estas operaciones.

Eduardo de Pascual fue el promotor de aseguradoras como Norton Life o Personal Life, entre otras, y en 1996 entra en Eurobank como accionista relevante. Mete en el consejo del banco a Joan Hortalá, ex conseller de la Generalitat y presidente de la Bolsa de Barcelona. Incluso le llegó a ofrecer la presidencia del banco a Maciá Alavedra, también ex conceller de Economía de la Generalitat y vinculado al polémico Javier de la Rosa.

Consiguió que la Generalitat apoyara la fusión de Eurobank con Bankpyme, impulsado por José Jané Solá y actualmente absorbido por CaixaBank, aunque finalmente no se llevara a cabo. En la fracasada operación aparecen José Luis Torra, entonces director general de Agrupació Mutua (ahora en manos del RACC y de la aseguradora del francés Crédit Mutuel, socio del Banco Popular, tras ser intervenida por la Dirección General de Seguros), y Jordi Conejos, director general de Industria de la Generalitat entre 1995 y 2001, y que también aparece en el caso de los falsos ERE a través de Fortiá.

El conceller de Economía Francesc Homs (ahora consejero de ‘la Caixa’) intervino las mutuas Norton Life, Caja Hipotecaria Mutual y Personal Life, que sumaban el 19% de Eurobank y sobre las que no tenía poder alguno la Dirección General de Seguros. Antoni Castells, sucesor de Homs, intervino Fortiá Vida, resultado de la fusión de esas mutuas.

Antes de la intervención de la Generalitat, Fortiá se desprendió de algunos activos, fundamentalmente complementos de pensiones de prejubilados, que pasaron a la sociedad belga Apra Leven, cuyo representante en España era Jordi Conejos. La aseguradora belga termina por no pagar esas prejubilaciones.

Primer banco que solicita la intervención

La aventura de Eurobank del Mediterráneo acaba en el verano de 2003 cuando Eduardo de Pascual pide al Banco de España que interviniese la entidad. Algo insólito en la historia de la banca española. Estalla lo que se conoció como la Gescartera catalana. Pero el banco se liquidó de forma ordenada, y todos los depositantes recuperaron hasta el último céntimo. De Pascual fue juzgado en la Audiencia de Barcelona en 2007, aunque salió absuelto, pero se reabrirá el caso en la Audiencia Nacional, que le acusa de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales, por un importe estimado de 13 millones de euros.

En el caso Eurobank, existe una pieza separada que investiga la labor de los liquidadores de la entidad, que podrían haber malvendido el patrimonio (valorado en 26,7 millones y ahora en 4,5 millones) para favorecer a Eduardo de Pascual.

Tras Eurobank, De Pascual compra un holding asegurador en Luxemburgo, que controla Vitalia y, a través de ésta, a Fortiá Vida y Uniter, implicadas de lleno en los falsos ERE de Andalucía.

Las dos únicas aseguradoras

Vitalia y Uniter fueron las únicas aseguradores que trabajaron con la Consejería de Empleo durante el periodo investigado de los falsos ERE, entre 2000 y 2010, donde hubo fondos públicos por 136 millones de euros. De esta cantidad, 50 millones fueron a sobrecomisiones, 73,8 millones a ayudas a empresas concedidas por la Junta de Andalucía, y 12,3 millones a prejubilados que nunca trabajaron en esas empresas. Trabajo nunca sacó a concurso esta intermediación. De las sobrecomisiones, que llegaron hasta el 20%, que la Junta de Andalucía pagó a Vitalia para que asumiera el pago de las prejubilaciones, más de 3,7 millones de euros fueron presuntamente desviados a otras empresas del holding asegurador por servicios no prestados.

Eduardo de Pascual reconoció que hasta 2005 la Junta de Andalucía generaba el 66% del negocio de Vitalia. La jueza Alaya investiga si parte del dinero de los ERE fue desviado a paraísos fiscales.

Fortiá Vida, la sociedad de Vitalia contratada por la Junta de Andalucía para las prejubilaciones, sufrió una quiebra presuntamente fraudulenta, que ahora revive con el escándalo de los falsos ERE en Andalucía.