En 2009, el Tribunal Supremo, en tres sentencias (por tanto, generadoras de jurisprudencia), se pronunciaba claramente a favor de la legitimidad de la tasa que aplicaban algunos ayuntamientos a las entidades financieras por los cajeros automáticos. Esta tasa, justificada por las corporaciones locales en el aprovechamiento especial del dominio público por parte de la banca, es válida porque los cajeros automáticos «constituyen oficinas de urgencia de las entidades financieras» y ofrecen servicios de forma continua obteniendo el consiguiente provecho económico. Por tanto, la mayor intensidad en el uso del espacio público proporciona a las entidades financieras un beneficio específico y exclusivo que podrá ser gravado con tasas locales.

La necesidad de recursos que tienen, permanentemente, las corporaciones locales, que se ha agravado por el derrumbe de los mercados inmobiliarios y de la reclasificación y compraventa de solares y suelo, hace que un número creciente de ayuntamientos aplique esta tasa a los cajeros automáticos. Y a máquinas de venta de productos de todo tipo ubicadas en las fachadas de inmuebles con acceso directo desde la vía pública.

El último en incorporarse a este movimiento recaudatorio sobre los cajeros automáticos ha sido el Ayuntamiento de El Campello (Alicante). Las entidades financieras que cuenten con cajeros automáticos en la calle deberán pagar una tasa de 1.000 euros por el uso del dominio público. La tasa, propuesta por Esquerra Unida, contó con los votos favorables de PP y PSOE.

Además, la Diputación de Valencia se ha comprometido a informar a todos los ayuntamientos de la provincia de la posibilidad que existe y de los requisitos necesarios para el establecimiento de una tasa municipal para la instalación de cajeros automáticos y de máquinas de venta de productos en las fachadas de inmuebles con acceso directo desde la vía pública. La propuesta de Compromís fue respaldada en el pleno de la corporación provincial por todos los grupos políticos.

La propuesta del diputado de Compromís, Emili Altur, incluye la elaboración de una ordenanza fiscal reguladora de la tasa «como vía para garantizar ingresos a las arcas municipales«. «Esta tasa tiene un sentido social muy especial en estos momentos de crisis, donde los recursos de los ayuntamientos son muy limitados«, argumenta. La instalación de cajeros automáticos en las fachadas de las calles «implica una utilización del espacio público de forma comparable a la de los bares, con las terrazas y mesas en las calles«, añade.

«Parece lógico que las entidades financieras, que ya pagan su tasa en otras ciudades españolas, contribuyan también a las finanzas públicas de los pueblos como hacen otras entidades y empresas con menos recursos que ellas«, concluye el texto de la moción.

Apoyo generalizado

Aunque las propuestas de tasas a los cajeros automáticos por parte de los ayuntamientos suelen partir de los grupos de izquierda, que argumentan que “son los bancos, y no los usuarios, los que se enriquecen de esa utilización del dominio público”, suelen contar con el apoyo de las demás formaciones políticas. En ocasiones, un mismo partido apoya la tasa en un municipio pero no en otros.

Extremadura ha sido de las más activas en la aprobación de tasas a los cajeros automáticos situados en la calle. Villanueva del Fresno cobra 720 euros anuales por cada cajero instalado.

En Levante, Izquierda Unida ha propuesto que el Ayuntamiento de Torrevieja cobre 1.000 euros anuales por cada cajero. Según sus datos, cada cajero automático mueve en España una media de más de 5.000 euros diarios, lo que significa más de 2 millones de anuales. Cifras que demuestran la gran rentabilidad que obtienen los bancos, que además de prestar un servicio las 24 horas apenas necesitan mantenimiento, lo que ha permitido el despido de mucho trabajadores del sector, según el argumentario de esta formación.

En septiembre de 2012, el PSOE propuso que el Ayuntamiento de Segorbe aplicara la tasa. “Es justo que las entidades financieras se corresponsabilicen y ayuden a superar la crisis que ellas mismas han contribuido a expandir y, además, contribuyan a mejorar las finanzas públicas para poder cumplir los objetivos sociales del Gobierno local”, argumentaba la concejala socialista Inma Mouriño. “Mientras unos pagan por ocupar la vía pública con terrazas siendo autónomos o pequeños empresarios de la hostelería, otras, como son las grandes entidades financieras, altamente subvencionadas por dinero público mediante el Frob, utilizan también la vía pública sin contraprestaciones”, añade.

En Andalucía, desde 2012 aplican esta tasa municipios como Los Palacios, La Rinconada, El Coronil o La Roda. En algunos casos, se argumenta que los cajeros ubicados en la calle generan un gasto añadido en limpieza, mantenimiento o iluminación. En Dos Hermanas, la tasa, de 300 euros anuales por cada cajero, entró en vigor este año. En Pilas (Sevilla) es de 500 euros: como hay cuatro cajeros, el ayuntamiento recaudará cada año 2.000 euros.

En Segovia, una propuesta formulada por Izquierda Unida en abril contó con el respaldo de todos los grupos. Se hace hincapié en que la tienen que abonar los bancos “sin perjuicio para el consumidor, ya que son los que se enriquecen de esa utilización del dominio público, y no los usuarios”. Entre los argumentos de IU, que los cajeros “generan suciedad en la vía pública” y “requieren una especial atención de la Policía Local por las noches ya que son lugares en los que es posible que se cometa un robo”, además de que se aplica en otras ciudades, como Cádiz, Badajoz o Zaragoza.

El Ayuntamiento de Peñalosa estudia incorporar la tasa en las ordenanzas fiscales de 2014.

En Vigo, que fueron de los primeros en imponer una tasa que oscila entre los 71 euros y los 171 euros anuales por cajero (en función de la ubicación de la calle), el Ayuntamiento dirigido por el socialista Abel Caballero quiere cuadriplicarlas hasta los 669 euros en las zonas más céntricas. «Ya es momento de que los bancos cooperen con la política social de la ciudad«, argumenta el alcalde.

Ribadavia cobra 2.920 euros anuales por cajero desde enero de 2012; Ponteareas, 500 euros; Cangas, 360 euros; A Coruña, 210 euros.

En Barcelona, CiU, con el apoyo del PP, ha fijado una tasa que oscila entre los 133,6 euros y los 669 euros anuales por cajero, en función de su ubicación.

En el Ayuntamiento de Zamora se está elaborando una ordenanza municipal con tasas especiales para los establecimientos que exponen su mercancía en la calle, como las floristerías o las fruterías, y también para los cajeros. “No es lógico que cobremos por terrazas, mercadillos, vallas o andamiajes, y no lo hagamos en estos casos”, razona el concejal de Economía y Hacienda, Manuel Roncero.

Dentro de la sucursal

Las sentencias judiciales han precisado que esa tasa municipal no puede cobrarse al banco cuando el cajero automático está ubicado en el interior de la sucursal. El hecho imponible de la tasa lo constituye el aprovechamiento especial del dominio público que comporta la instalación por las entidades financieras de cajeros automáticos para prestar sus servicios en las fachadas de los inmuebles, con acceso directo desde la vía pública. Algunas entidades han optado por introducir el cajero automático en el vestíbulo de la sucursal, para eludir el pago de esa tasa municipal, pese a que muchos clientes prefieren no tener que encerrarse para sacar dinero.

Los bancos también han recurrido a los tribunales la imposición de esta tasa, aunque la doctrina del Supremo es meridianamente clara.