El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha confirmado este sábado que habrá ayudas para los pescadores afectados por los bloques de hormigón lanzados en la Bahía de Algeciras, donde habitualmente faneaban.

Los fondos para cubrir estas ayudas procederán del presupuesto del Ministerio de Agricultura. En una entrevista concedida a TVE, García-Margallo también ha explicado que estos trabajadores serán compensados con el dinero recaudado de una tasa que se estudia poner en marcha, y que podría denominarse de «congestión», con la que se gravará la entrada y salida de vehículos del Peñón de Gibraltar, que podría rondar los 50 euros por trayecto.

En ningún caso, ha enfatizado el ministro, dicha tasa se aplicará a los trabajadores de cualquier nacionalidad que van a trabajar a Gibraltar, o viceversa. «No se trata de castigar más a unos trabajadores -explicó García-Margallo- con una vida lo suficientemente difícil».

Negociaciones a cuatro bandas

Asimismo, las negociaciones previstas para solucionar el conflicto entre España y Reino Unido, según el ministro deberán abordar los problemas de «soberanía y jurisdicción» por parte de los Gobiernos afectados, mientras que en los conflictos de pesca y medioambiente también debería participar Gibraltar, así como la Junta de Andalucía. Con ello, el proceso se está planteando a «cuatro bandas».

De momento, como ha explicado el ministro de Defensa, Pedro Morenés, «esto no es el siglo pasado», y lo único que hace falta es «sensatez», ya que a su juicio, «ni el Gobierno británico ni el español tienen interés en que haya malas relaciones».

Morenés cree que el actual conflicto se circunscribe al «cumpliento de las leyes fiscales, medioambientales y de seguridad ciudadana». Con ello intenta explicar que no es un problema de soberanía ni un conflicto militar, sino que ha surgido desde que los gibraltareños lanzaron al mar 70 bloques de hormigón en el lugar donde faenan pescadores gaditanos.

Como consecuencia de ello, el Gobierno español se ha limitado a exigir el cumplimento de las leyes medioambientales, fiscales y aduaneras, a fin de evitar que «Gibraltar sea un nido de ilegales». Y si no se cumplen las leyes -ha advertido Morenés- «vamos a aplicar el Estado de Derecho, con los métodos que se tengan«. En las demas cuestiones, como la visita «rutinaria» de los buques británicos, se funciona con normalidad, explica el ministro.