Arrojar luz sobre la represión social e informativa existente en Rusia en la actualidad es una tarea ardua que se ha cobrado numerosas víctimas en los últimos años, como fueron las muertes de Zaremá Saduláyeva, Malik Ajmedílov y Anna Politkóvskaya, además de otras muchas otras que han sido silenciadas por el gobierno ruso.

Cuando el año pasado Vladimir Putin fue reelegido como presidente ruso, en un proceso electoral que levantó mucho más que sospechas por presuntas irregularidades, más de 500 personas, entre ellas numerosos periodistas, fueron multadas y detenidas por ejercer su libertad de expresión y manifestarse pacíficamente. Desde entonces, el gobierno ruso prohibió las concentraciones en las que los manifestantes se cubran el rostro, por lo que ahora es más sencillo para la policía identificar a los ciudadanos y por consiguiente reprimir las manifestaciones, incluso se habla de agentes del gobierno infiltrados en las protestas que se tapan el rostro para conseguir así disolverlas legalmente.

Las leyes al respecto en la Rusia actual son muy ambiguas. En multitud de ocasiones no se toman registros de las detenciones o no se aclara el porqué se han realizado, pero eso no es lo peor si se compara con las numerosas desapariciones de acusados que se están produciendo entre activistas de los derechos sociales, periodistas y otros muchos sectores de población. La situación se ha convertido en intolerable y son muchos los que opinan dentro y fuera de Rusia que el gobierno de Putin está consiguiendo silenciar la mayor parte de las críticas por procedimientos ilegales en su mayor parte o al amparo de leyes que no son democráticas.

Desde 1993 hasta 2009 han sido asesinados en Rusia 313 periodistas rusos según datos de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), lo que convierte a este país aparentemente democrático en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión periodística, pero también para otros muchos profesionales como los abogados y todos los colectivos en defensa de los derechos humanos que permanentemente son blanco de importantes amenazas y ataques. Así se ha llegado a un punto en que cada vez es menor el número de ciudadanos que quiere hacer o decir algo, ya que se exponen directamente a terribles consecuencias.

Dmitri Marátov, director del diario ‘Nóvaya Gazeta’, anunció hace escasas fechas que no enviará corresponsales a Chechenia, puesto que no puede garantizar la seguridad de sus reporteros. Por su parte, la organización de derechos humanos ‘Memorial’, para la que trabajaba Estemirova, también anunció la suspensión temporal de sus actividades en Chechenia.

Los numerosos y recientes asesinatos de presentadores de televisión, locutores de radio, activistas de la oposición, etc, han convertido Chechenia en un foco de inseguridad en el que son muy pocas o ninguna las agencias de información que se aventuran a dar noticias. Y las pocas que lo hacen, tienen que cumplir tales exigencias gubernamentales, a tan alto nivel de censura gubernamental, que hace que el material informativo que pueden ofrecer no resulte interesante, ya que nunca puede resultar ofensivo para el régimen de Putin.

Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), varios comunicadores de la compañía estatal han renunciado a sus puestos en el último año tras recibir muchos de ellos continuas amenazas de muerte.

El pasado 11 de diciembre de 2012 la directora general de la Unesco condenó el asesinato del periodista de televisión ruso, Kazbek Gakkiyeb, perpetrado el 5 de diciembre en la región del Cáucaso Norte. Pero este sólo ha sido uno de los muchos asesinatos cometidos. Hay muchos más.

El caso más sonado probablemente sea el de Natalia Estemirova, periodista y activista de la ONG rusa Centro de Derechos Humanos Memorial, que fue asesinada en Grozni, Chechenia, el 15 de julio de 2009. Hoy día, más de tres años después de lo sucedido, no se han podido esclarecer los hechos. Hay una gran controversia sobre este caso en el que muchos apuntan como posibles sospechosos a los agentes del gobierno.

El Comité de Investigación de la Federación Rusa prometió resolver el caso lo más pronto posible y declaró que investigaría todas las pistas, incluidas las que apuntaban a la implicación de agentes gubernamentales. En su momento parecía que las cosas estaban cambiando y estas manifestaciones fueron celebradas por los defensores de una verdadera democracia en Rusia, pero no podían estar más lejos de la verdad. Poco después se descubrió una posible eliminación de pruebas, lo que enfureció a los críticos con el régimen de Putin. La cruda realidad es que los responsables del secuestro y asesinato de la periodista aún no han comparecido ante la justicia.

El último homicidio conocido sin resolver es el del periodista Akhmednabi Akhmednabiev cuyo nombre aparecía en una octavilla amenazadora junto con el nombre de otro periodista asesinado en 2011. Akhmednabi ya sufrió un atentado contra su vida en enero de 2013 cuando un hombre sin identificar disparó contra él cuatro veces, pero tuvo suerte y no fue alcanzado, además la policía calificó la tentativa de homicidio como destrucción de bienes. Finalmente a primera hora de la mañana del 9 de julio de 2013 fue asesinado en la conflictiva zona del Cáucaso Septentrional.