No es un secreto que tenemos un agujero (en lenguaje de los astrofísicos, agujero negro) en las cuentas del Sistema Nacional de Salud que, algunos, se atreven a cuantíficar en unos ocho mil millones de euros. Y no para de crecer. Las causas las saben todos, pero nadie se atreve a acometer de una vez por todas esta situación. Situación, digámoslo pronto, que, de seguir así, pronto se traducirá en una quiebra del sistema. Y, como siempre, los más afectados serán los que menos recursos tienen, entre ellos los jubilados.

La entonces ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, a mediados de 2010 reconoció que esta deuda se podía cifrar –ni siquiera el Gobierno lo sabe a ciencia cierta- entre siete mil y ocho mil millones de euros. Eso sí, se apresuró a decir que se trata de una deuda estructural que arrancaba del entonces Insalud. No fue más allá porque, posiblemente, sus asesores desconocían quienes habían presidido este organismo del Ministerio de Sanidad antes de que se transfirieran las competencias en materia de salud a las autonomías. Porque habría salido el nombre de Alberto Nuñez Feijóo, buen político y mejor gestor, ahora presidente de la Xunta de Galicia. Y él, seguro, habría sido uno de los culpables de la actual situación…. Ironías al margen, líderes políticos tanto del PSOE como del PP y de CiU, reconocen en privado que España está ante una más que factible quiebra del sistema.

El copago, el céntimo sanitario y otras medidas no van a servir para nada porque nadie, ni el Gobierno central ni las Comunidades autónomas, se atreven a utilizar el bisturí como hay que hacerlo: cortar el tejido necrosado y limpiar bien para que no se produzca una sepsis. Dicho de otra forma. Hay elecciones este año, autonómicas y municipales, en una porción importante de autonomías. Nadie hará nada, de momento. Salvo lo que desde hace años es denominador común entre los decisores políticos de cualquier color: atacar a la industria innovadora farmacéutica, apretarles las tuercas y exprimirles bien “porque ganan dinero con la salud”, como me reconoció un afamado político popular estas Navidades.

En este contexto, entre las autonomías se extiende como una mancha de aceite la actitud de Galicia, de elaborar un catálogo de medicamentos, en su mayor parte genéricos, para reducir el gasto. Como no podía ser de otra manera, el Ministerio de Leire Pajín ya ha anunciado que va a recurrir esta decisión aprobada en el Parlamento de la autonomía gallega, con la abstención de los socialistas que, en un principio, sí estaban de acuerdo con la propuesta de los populares. Si el ejemplo cunde y otras Comunidades autónomas “copian” esta decisión, los nubarrones volverán al sector farmacéutico innovador, que no de los fabricantes de genéricos, y se producirán más despidos y reducción de la inversión en investigación y desarrollo.

La solución pasa, inevitablemente, por un pacto de estado para el sector de la salud, en el que se incluya un marco estable para que, desde la industria privada innovadora, se puedan hacer planes de negocio basados en la realidad y no, como sucede ahora, en la adivinanza.