Ni las mareas ciudadanas ni de momento los tribunales ni, por supuesto, la decencia política han evitado la estafa. Durante años y años con el dinero de los contribuyentes, en concreto de aquellos que conocen más Suiza por Heidi que por sus bancos, se edificó un sistema público de salud que hoy en Madrid se ha puesto al servicio de los intereses privados. Incluso si las mentiras que esgrime el Gobierno defensor de esta tropelía no lo fuesen los argumentos serían tan frágiles como su vergüenza si la hubiera o hubiese. En síntesis irrebatible se trata de haber costeado entre casi todos las obras de los hospitales, sus accesos, su mobiliario o su material clínico para que, una vez esté la infraestructura lista venga el listo de turno, ya sea de Puerto Rico, Las Hurdes o Las Chimbambas, a sacar tajada de lo que no es suyo.

Miente el PP, valga la redundancia, cuando dice que la gestión privada es mejor que la pública. Y aún peor que la patraña es sustentar la garantía de un derecho fundamental (esto sí es estar a favor del derecho a la vida y no las ‘performances’ de Rouco) en si le salen las cuentas o no a un consejero delegado a miles de kilómetros de distancia. Si hasta Rajoy habla de economía y ZP incluso se atreve a escribir un libro sobre el asunto no va a ser uno menos osado. Entre otras cosas porque tampoco hace falta ser un eminencia para deducir que si una empresa privada hace más ‘rentable’ un hospital con el compromiso de prestar los mismos servicios que antes es o porque escatima en el material o en los salarios. Normalmente en los dos conceptos.

Por tanto las prestaciones, y no hablamos de un coche sino de enfermos, serán peores por mucho que pinten las paredes de las salas de espera de colores o pongan un revistero o te llamen cliente en vez de paciente. Todo un síntoma. Si no fuera por su currículo resultaría enternecedor que el presidente Ignacio González clame por las esquinas que el objetivo de dejar en manos ajenas la salud de las madrileñas y madrileños es salvar la sanidad pública, gratuita y universal. Una universalidad con reparos, como las pelis de antes, pues debe ser que los inmigrantes sin papeles, privados de ella, no pertenecen a este mundo. En el fondo, más bien en la superficie por el descaro, lo que late es el afán de expandir la idea de que los derechos no son tales sino prebendas sociales inasumibles. Pasa con la sanidad, pasa con la educación, pasa con las prestaciones por desempleo o pasa con las pensiones.

En suma, lo que pasa es que en la hoguera de la crisis, con la excusa de apagarla, lo que se pretende es quemar el poco estado de bienestar que queda para restituir lo que para la derecha ha sido el orden natural de las cosas. Quien quiera ir a la Universidad que lo pague, quien quiera sanidad de calidad que haga lo propio o rece mucho, quien no trabaja es porque no quiere y ya está bien de subir las pensiones a jubilados improductivos. En esta sociedad de lo políticamente correcto pocas veces se dirá así como pocas veces, por no decir ninguna, se encontrará una mona más mona por mucha seda con la que la quieran vestir.