Más allá del mero lapsus o de la más estructural indocumentación si hay algo que destila el ideario de la alcaldesa de Cádiz es un profundo clasismo. Por mucho que recurra a esa originalísima excusa que atribuye al haber sacado de contexto lo que únicamente se extrae de un pensamiento rancio como pocos −y mira que hay donde elegir− la cosa ya no cuela. El sustrato de sus reflexiones no es si se paga o no por usar las redes sociales sino aclarar que hay ciudadanos que si optan por el lujo de comer un plato de garbanzos lo justo y necesario es que las llamadas de teléfono las hagan desde una cabina. O eso o si las hacen a través de un móvil que al menos sepan que el rugir de las tripas les puede impedir hasta oír el tono. Las dos cosas son incompatibles ¿Desde cuándo en un país que presumía hasta hace poco de codearse con los más ricachos se puede aspirar a tener un aparato molón y algo en la nevera?

Con todo lo más intolerable es que encima estos potenciales muertos de hambre usan ese arma tecnológica para decir lo que piensan y hasta para criticar a las autoridades competentes. Bueno, incluso a las que tenemos. Tanto opinar, tanto opinar. Hasta ahí podíamos llegar. Por lo visto, y así lo asegura ella estupefacta, al Ayuntamiento llegan gentes a solicitar ayudas sociales que exhiben sin pudor terminales de última generación. Intolerable. Y hasta son capaces de pagar las facturas en vez de comprarse cuarto y mitad de habichuelas. Por cierto ¿paga usted las suyas, alcaldesa? Lo digo por si acaso las que su ilustrísima genera corren a cargo del escote de gaditanos y gaditanas. Que seguro que no, pero igual convendría aclararlo.

Ya se sabe que para esos menesteres de pedir, de toda la vida de Dios, es mucho más adecuado ir como recién salido de una novela de Dickens. Con andrajos, la cara tiznada, las uñas negras y rogando caridad para que si, por lo menos no te dan justicia, des algo de pena. De ese modo no faltará quien por unas monedas se fumigue su conciencia. Nada nuevo bajo el sol. Siempre ha habido clases. De lo que se trata, realmente, es de que nunca deje de haberlas.

Y así, en este escenario, se enmarca también ese estomagante dilema según el cual la alternativa de futuro que se ofrece a millones de personas, una gran mayoría jóvenes, es si quieren estar sin trabajo o ser explotados al amparo de la legislación vigente. Cuando una camarera de un municipio gallego confiesa en un diario que por doce horas diarias de servir mesas cobra quinientos euros no faltará quien lo celebre porque, si bien es cierto que con esa miseria ella apenas podrá sobrevivir, también lo es que el Gobierno sí podrá presumir de estadísticas. Ya se sabe que si son a la baja sale la ministra Báñez a otorgar incluso más méritos a Rajoy que a la Virgen del Rocío. Otro cantar es que tras esos números se escondan míseras condiciones laborales. Al fin y al cabo ¿para qué las quieren mejores? ¿para gastarse el jornal en móviles? Cualquiera aguanta a Teófila.