La ley española de Acción Exterior ha sido diseñada ante la necesidad de aunar y coordinar esfuerzos entre el Estado y las comunidades autónomas y el resto de entes e instituciones con proyección internacional. Pero el pulso que mantiene con el Estado la Generalitat, gobernada por Artur Mas con el apoyo de los republicanos de ERC, no cesa y añade un nuevo desafío cuando se aproxima la celebración de la Diada Nacional de Cataluña con la convocatoria de una cadena humana que aspira a recorrer de norte a sur la comunidad en reclamación de la independencia. El gobierno catalán ha dado libertad a sus miembros para que participen en esta protesta que emula la realizada por los países bálticos en 1989 para separarse de la Unión Soviética. El presidente Mas ha anunciado que no asistirá a esta manifestación convocada por la Asamblea Nacional de Cataluña, pero su portavoz ha anunciado que el mismo 11 de septiembre recibirá oficialmente a sus dirigentes en el Palau de la Generalitat.

En rueda de prensa tras la reunión del consejo ejecutivo de la Generalitat, que también ha prorrogado los presupuestos de 2012 para el ejercicio en curso, el consejero de la Presidencia y portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, ha explicado que la ley de acción exterior es una de las «piedras angulares» de esta legislatura para el ejecutivo de Artur Mas, y ha confiado en que cuente con el máximo consenso del resto de partidos. Ha declarado que la ley “está hecha con los pies en el suelo pero con una mirada de ambición hacia el futuro pensando en un país que quiere ser libre”. La norma aprobada este martes por la Generalitat parte de las competencias en materia exterior contempladas en el Estatut.

La nueva ordenación prevé establecer mecanismos de coordinación entre los departamentos del gobierno catalán, el Parlamento y las entidades locales para maximizar la posición de Cataluña en el ámbito internacional, así como la reforma del actual marco de relaciones con las comunidades catalanas en el exterior y favorecer la internacionalización de la economía catalana dando visibilidad a la acción de las delegaciones y la red de oficinas de la Generalitat. La ley también aspira a regular la participación de Cataluña en organismos internacionales y en redes de cooperación territorial.

En cuanto a la posibilidad de que el Estado tenga la última palabra sobre los acuerdos internacionales de las autonomías con la nueva Ley de Tratados, ha advertido de que el gobierno catalán no respetaría el reparto de competencias si el Gobierno central se otorga la capacidad de revisar los acuerdos internacionales de las autonomías en aquellos aspectos sobre los que pueden actuar. «Si quieren hacer controles previos, deberían reformar la Constitución», ha continuado Homs, que ha avisado de que el único autorizado para hacer este tipo de controles es el Tribunal Constitucional (TC)