La negativa de la compañía nacionalizada se produjo en el marco del juicio iniciado por un grupo minoritario de accionistas de Repsol, agrupados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que reclaman una indemnización por la expropiación de la petrolera argentina a la compañía española.

Según indicaron al periódico fuentes judiciales, los abogados de YPF argumentaron su negativa en que la información requerida es «privada» e incluye «secretos industriales y comerciales», así como detalles de estructuras financieras, bancarias y operativas que » podrían comprometer la operatividad de YPF y la transparencia en la cotización de sus acciones».

Esta información había sido requerida a través de un oficio por la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Liliana Heiland, quien reemplazó a su colega María José Sarmiento.

No obstante, la causa actualmente se encuentra en manos de la jueza subrogante María Alejandra Biotti, secretaria de la Cámara de Apelaciones del fuero, ya que Sarmiento fue recusada «sin causa» por los abogados de YPF. Biotti depende de una decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para ser elegida de una terna para que se envíe su pliego al Senado y pueda ser jueza titular.