Era evidente desde el primer momento que la respuesta de Hugo Chávez ante la denuncia de colaboración con ETA de un cargo de la administración venezolana iba a generar más conflictos en las relaciones con España. Nadie duda de que la ausencia de la bandera venezolana en el desfile militar celebrado en la Fiesta Nacional forma parte de las argucias diplomáticas de Chávez. Como ha dicho la ministra de Defensa, Carme Chacón, la actitud de Venezuela se califica por si sola.

En este asunto de los apoyos a ETA en tierras venezolanas, el problema ha surgido desde ámbitos judiciales que han funcionado a raíz de investigaciones policiales. Poco que ver tiene el gobierno de España en relación a la acusación de colaboración con terroristas vertida contra Arturo Cubillas, director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras del Gobierno de Chávez y considerado por las investigaciones antiterroristas como responsable del colectivo de etarras que viven en Venezuela desde 1999.

{destacado}Ha sido la Audiencia Nacional la que ha trasladado la orden de busca y captura internacional de Cubillas tras las declaraciones de dos detenidos de un comando en Guipúzcoa en las que aseguraban que este cargo del gobierno venezolano les adiestró en el año 2008. El gobierno de España, por tanto, no ha sido el inductor de esta orden de internacional, sino que tiene la obligación de hacer todo lo posible para que se cumpla. Y sobre todo tiene la obligación de extender su lucha antiterrorista allá donde se detecten focos de apoyo y adiestramiento de miembros de ETA, cosa que ha ocurrido, según todos los indicios, en Venezuela.

En el territorio gobernado por Hugo Chávez existe incluso riesgo de creación de un auténtico “santuario” de etarras, ya que algunas fuentes policiales evalúan en cerca de 60 terroristas allí refugiados ante la presión que sufren en otros países iberoamericanos como México, donde se les expulsa a España para que cumplan con las demandas judiciales existentes.

Para paliar la presión generada, Arturo Cubillas ha solicitado recientemente a la justicia venezolana que le investigue en relación con las acusaciones que llegan desde España, de las que se declara inocente, y argumenta para ello, entre otras cosas, que los etarras que le denuncian como responsable de su adiestramiento en Venezuela, lo hicieron bajo algún tipo de presión o de tortura. La petición de Cubillas ha tenido respuesta y se ha anunciado que un fiscal investigará este asunto sobre el terreno. Nada se dice que entregar al presunto terrorista.

Y en medio de todo este embrollo político-diplomático-judicial, ocurre que la Embajada de Venezuela anuncia que el abanderado que iba a participar en el desfile militar de la fiesta del 12 de octubre sufría una indisposición y que no podía participar. Un gesto que ha tenido mucha repercusión en nuestro país, sin duda. No hay más que ver las portadas de los periódicos del día.

Pero la Justicia sigue su curso, tal como lo han puesto de manifiesto el presidente de la Audiencia Nacional Ángel Juanes y el propio Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, al aludir al conflicto con Venezuela. Porque tanto Juanes como Conde Pumpido han dicho que” o se procede a la entrega” de Cubillas “o se le juzga” en Venezuela. Sólo caben estas dos posibilidades.

Junto a ellos, también ha salido a la escena pública la ministra de Defensa, Carme Chacón, al asegurar que la actitud de Venezuela se califica por si sola, y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, quien ha manifestado que el gobierno exigirá a Venezuela una respuesta definitiva.

Es decir, que a Cubillas le caben, según la justicia española, dos opciones: o se procede a la entrega o se le juzga en Venezuela. Y sobre esto, el Gobierno de Rodríguez Zapatero va a exigir a Chávez una respuesta rápida.

Así están las cosas mientras se prepara el escenario de la protesta por parte de las víctimas del terrorismo que se van a manifestar en las mismas puertas de la embajada venezolana en Madrid para exigir la entrega de Arturo Cubillas y que sea juzgado por los delitos que se le imputan.

Visto lo visto, cabe preguntarse: ¿Cuál será el siguiente gesto del gobierno de Chavéz en este ya largo culebrón?