El pulso con del gobierno catalán con el Estado no cesa conforme se aproxima la Diada Nacional de Cataluña del 11 de septiembre. Ayer fue el secretario de Organización de Convergencia (CDC), Josep Rull, quien cifró en un 10% la tasa de paro que tendría Cataluña frente al 24 % actual si fuese un Estado independiente, al tratarse de la séptima economía de la Unión Europea en cuanto a PIB. Y eso que confesaba ser «extraordinariamente prudente. Hoy se le ha unido en proclamas a favor de la independencia la vicepresidenta de la Generalitat, la dirigente de Unió, Joana Ortega, al avanzar que el gobierno catalán va a reservar una partida presupuestaria en la scuentas de 2014 para organizar el referéndum secesionista.

En una entrevista en Cataluña Radio, la consejera ha recordado “el pleno compromiso de la Generalitat y de su departamento con la consulta para 2014”, y en este sentido, ha avanzado que la próxima semana comenzará a trabajar al respecto la Unidad de Procesos Electorales de la Generalitat. El propósito es saber con exactitud qué coste tendrá la consulta y qué material será necesario adquirir, como urnas, porque las que se utilizan en las elecciones pertenecen al Estado. La Generalitat posee varios centenares de urnas, pero ante la existencia de más de 8.100 mesas electorales en toda Cataluña, será necesario comprar este equipamiento y biombos, entre otras cosas, al prever que el Estado no las ceda, lo que presupone que el referéndum se convocará aunque sea ilegal.

La propia Generalitat cifra en unos 25 millones de euros el coste de cualquier convocatoria electoral en Cataluña, donde se incluye también el envío por Correos de la propaganda electoral. Ante la posibilidad de que la empresa postal estatal tampoco colabore en el referéndum, el gobierno catalán también estudia otras fórmulas, lo que reconoce que encarecerá el proceso.

Sobre la legalidad de la consulta, la vicepresidenta ha dicho que hay una ley de consultas vigente y otra en preparación, además de recordar que «no se puede negar la voluntad de un pueblo a ejercer la democracia «. Sobre la participación mínima para dar validez a la consulta, dice que tanto ella como el secretario de organización de CDC, Josep Rull, son «ambiciosos» y no se conforman con un «aprobado», es decir con una mera participación del 50%, sino que aspiran al «excelente». Por ello, la dirigente del partido de Josep Duran Lleida se ha mostrado convencida de que habrá una «altísima participación que hará el resultado incuestionable».

La Ley de Consultas catalana se aprobará este año y, según el acuerdo de CiU con ERC, el referéndum secesionista  se realizaría el próximo año. «La fecha ya se verá”, dice Ortega, pero afirma que el gobierno catalán “debe estar preparado». «Tendremos que hacer un concurso para podernos dotar del material necesario: taquillas, urnas, etc. Es decir, material que hasta ahora nos dejaba el Estado. Como gobierno de Cataluña tenemos que preverlo», ha asegurado Ortega.